El Fiscal General ordena a los fiscales del 'procés' apoyar la amnistía y estos se rebelan

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ordenó ayer a los cuatro fiscales que participaron en el juicio del 1-O que se posicionen a favor de que el Tribunal Supremo aplique la amnistía a todos los delitos de los líderes independentistas, incluida la malversación. No obstante, todos ellos –Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno– mantuvieron su negativa a hacerlo y solicitaron ser relevados si se les obliga a ello, por lo que ha sido convocada una Junta de Fiscales para debatir este asunto el martes.

La orden del Ministerio Público avisa de que los delitos del juicio del procés entran dentro del ámbito de aplicación de la ley y señala a los cuatro fiscales que en su informe contrario la amnistiar confunden el “ánimo de lucro” que exige el delito de malversación con el “enriquecimiento personal de carácter patrimonial” de aquellos hechos que la ley de amnistía considera no amnistiables. Además afirma que los hechos condenados no produjeron una afectación directa a los intereses financieros de la UE. Por esto, ordena que se posicionen a favor de amnistiar a los cuatro condenados que cumplen penas de inhabilitación por la malversación –el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa– y a los tres que no llegaron a ser juzgados –el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluis Puig, procesados por malversación y desobediencia–. Además, en el caso de estos últimos pide levantar las medidas cautelares contra ellos. Los fiscales respondieron insistiendo en que aplicar la amnistía a los condenados o acusados de malversación resulta “improcedente” y contrario a las leyes, y se mostraron dispuestos a mantener su pulso con el Fiscal General del Estado hasta las últimas consecuencias. Y es que ante estas discrepancias, invocaron el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para convocar una Junta de Fiscales de Sala, que se celebrará el martes. Sabedor de esta situación, García Ortiz ha comunicado ya a los 38 fiscales de sala la reunión para tratar de fijar un criterio definitivo. Con todo, la última palabra la tendrá siempre el Fiscal General, e independientemente de ello, la decisión final corresponde a los magistrados del Supremo. En este sentido, los fiscales exponen que si finalmente “mantiene la decisión aplicar de la ley a la malversación”, les releve.

El Fiscal General acusa a los del Supremo de hacer una valoración errónea sobre el delito de malversación

El president de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès conversó ayer por teléfono con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y le pidió “celeridad” y “objetividad”en la aplicación de la ley de amnistía. Ambos coincidieron en celebrar el hito de la aprobación de la norma y en reconocer el “buen trabajo” realizado por todas las partes, según afirmaron fuentes de la conselleria de Presidencia. También coincidieron en la “importancia” de aplicarla “en los términos aprobados” –la norma da a los jueces dos meses desde su publicación para hacerlo–. Aragonés explicó a Bolaños las actuaciones aprobadas el martes por el Executiu catalán para llevar a cabo “de forma urgente” en los casos afectados por la ley de amnistía, como las multas por la ley orgánica de seguridad ciudadana. Por otra parte, ambos se emplazaron a mantener la “interlocución constante” para realizar el seguimiento de la aplicación de la norma.

La Oficina Federal de Justicia de Suiza ha respondido al juez del caso “Tsunami Democràtic”, Manuel García Castellón, que se niega de nuevo a prestarle auxilio judicial para la localización de la secretaria general de ERC Marta Rovira.

Esta es la tercera vez que el país helvético responde con una negativa al juez que investiga por delitos de terrorismo a personas relacionadas con esa plataforma y, según adelantó El País, otra vez es porque no consideran que exista un posible delito de terrorismo ateniéndose a su legislación. Desde Ginebra, Rovira celebró esta decisión e insistió en que volverá a Catalunya cuando la causa del Tsunami se cierre. “Espero que sea en los próximos días, no debería entretenerse al juez, porque la ley es muy clara”, afirmó.Por su parte, la magistrada del Tribunal Supremo que investiga al expresident Carles Puigdemont y al diputado de ERC Ruben Wagensberg por este mismo caso, Susana Polo, ha suspendido la orden de investigación europea y de localización contra ambos a raíz de lo acordado en la providencia del 11 de junio en la que daba diez días las partes para que informaran si se podían acogerse a la ley de amnistía. Con este paso, quedan también anuladas las declaraciones, que eran voluntarias y por videoconferencia, previstas para la próxima semana. El asunto está en manos del Supremo toda vez que Puigdemont y Wagensberg son aforados.

El PP pide la dimisión del Fiscal General y el PSOE sale en su defensa

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, pidió ayer la dimisión del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por sus órdenes a los fiscales del procés respecto a la amnistía. “El Fiscal General no puede situarse por encima de la ley, debe defender su cumplimiento, que no olvide que a él nadie le amnistía por mucho que quiera apoyar al Gobierno español en que la amnistía sea para todos al margen de la legalidad”, aseveró en declaraciones en el Congreso. “Solo le queda una salida: la dimisión inmediata”, afirmó antes de reclamarle que lo haga por decoro. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, respondió a estas declaraciones considerando que el PP deslegitima y desprestigia a la Fiscalía General del Estado al decir que su titular está al servicio del Gobierno cuando solo “trata de aplicar una ley aprobada y vigente”. Asimismo, acusó a los populares de acudir a las instituciones y de cargar contra ellas cuando no le dan la razón.