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La fiscalía pide la amnistía para los 46 policías nacionales investigados por las cargas del 1-O en Barcelona

El ministerio público dice que como máximo cometieron lesiones y, en ningún caso, un delito contra la integridad moral

Carga policial en el colegio electoral de la Mariola el 1-O.

Imagen de la carga policial el 1 de octubre de 2017 en la Mariola. 

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La fiscalía ha pedido la amnistía para el medio centenar de policías nacionales investigados para agredir a votantes el 1 de octubre del 2017 en Barcelona. En un breve escrito de una página, el ministerio público considera que los agentes se pueden amparar en la ley porque su actuación para impedir el referéndum como mucho supondría delitos de lesiones, lesiones leves o maltrato de obra leve. En cambio, no considera, como sí creen las acusaciones, que algunas cargas supusieran un delito contra la integridad moral, sino que no fueron lo bastante graves para no ser amnistiados. Al menos una decena de los policías encausados ya anunciaron que la pedirían.

La acusación de Irídia ya anunció que se opondría a la amnistía de los policías, al considerar que podrían haber cometido delitos de torturas o tratos inhumanos o degradantes contra los votantes, hechos que están excluidos de la ley de amnistía.

En febrero la Audiencia de Barcelona confirmó la decisión del juzgado de enviar a juicio a un total de 46 policías nacionales por las cargas en las diferentes escuelas de la ciudad de Barcelona durante el 1 de octubre del 2017. Afianzaba, así, el criterio del magistrado instructor, que considera que existen bastantes indicios de delitos de lesiones y contra la integridad moral en este caso. En la resolución, el tribunal descartaba investigar más agentes —motivo de los recursos de apelación de las acusaciones—, pero también descartaba archivar la causa contra ninguno de ellos denegando las peticiones de sus defensas, con el apoyo mayoritariamente para el ministerio fiscal.

El auto establece que “la calificación jurídica indiciaria que otorga el auto a los hechos descritos va más allá de simples delitos de lesiones y apunta claramente a que algunas conductas podrían ser incardinadas en el delito contra la integridad moral cometido por funcionario público".

El auto del juzgado enviaba a juicio a 46 policías y archivaba la causa para 21 más. Òmnium, Irídia y la ANC recurrieron contra algunos de estos archivamientos, pero la Audiencia los confirmó. Con respecto a los agentes investigados, se han desestimado sus recursos contra su imputación. El tribunal decía que hay muchas evidencias e imágenes que indican que se podrían haber cometido abusos policiales como lesiones y delitos contra la integridad moral contra los votantes independentistas. De hecho, el tribunal reprochaba a algunos policías que aseguraron que no estaban en el lugar de los hechos aunque las imágenes los desmientan. La Audiencia también avalaba que sean juzgados algunos mandos por dar las órdenes de cargas desproporcionadas.

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