La cúpula fiscal avala aplicar la amnistía a la malversación y releva a los 4 fiscales del 1-O

La Junta de Fiscales avaló ayer la decisión del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, de pedir al Tribunal Supremo que aplique la amnistía a la malversación, la desobediencia y los desórdenes públicos que se atribuyen a los condenados y encausados por el procés y retire las órdenes de detención estatales que aún pesan sobre Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig. Durante el encuentro también se decidió, por orden de García Ortiz, que dos nuevos fiscales se harán cargo de la causa del 1-O en el Supremo después de que los fiscales originales del caso, Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, pidieran ser relevados si se les obligaba a defender aplicar la amnistía por los delitos de malversación, como ha decidido su superior y como la cúpula fiscal acabó defendiendo.

Tras más de cinco horas de reunión, la cúpula del Ministerio Público secundó la posición de García Ortiz por una mayoría de 19 a 17 votos, contando el del propio Fiscal General, frente a la posición de los cuatro fiscales del Supremo. La votación dejó como fotografía una junta partida en dos en torno a uno de los asuntos de mayor envergadura que ha manejado la institución. Mientras los fiscales Cadena, Zaragoza, Madrigal y Moreno consideran que la ley no es aplicable al delito de malversación, los fiscales de sala han avalado mayoritariamente que los hechos, tal y como estableció la sentencia, no provocaron un “enriquecimiento personal de carácter patrimonial que la ley no considera amnistiable”. Esta será entonces la postura definitiva que el Ministerio Público trasladará tanto a la Sala Segunda del Supremo como al juez Pablo Llarena, que ahora deberán decidir si aplican o no la amnistía a los condenados y procesados por el procés. Estos no están obligados a seguir el criterio de la Fiscalía, y no se descarta que acaben planteando una cuestión prejudicial a la justicia europea para dilatar la aplicación de la normativa o que no la apliquen directamente al considerar que hubo enriquecimiento personas, como ya consideró el Supremo al no aplicar es este caso la reforma de la malversación.La cúpula de la Fiscalía también avaló la posición de García Ortiz afirmando que los hechos del procés y la organización del 1-O tampoco produjeron una afectación directa a los intereses financieros de la UE, como también defendían los fiscales ahora apartados de la causa.La reunión, que fija el criterio de los fiscales, se hizo efectiva en el penúltimo día del que disponen las partes para presentar sus escritos ante la Sala de lo Penal del Supremo y el juez Llarena, que el pasado martes – tras la publicación de la amnistía en el BOE– pidió a las partes que se pronunciaran en un plazo de cinco días hábiles sobre el alcance de la aplicación de la ley.

Dos nuevos fiscales se encargarán a partir de ahora de la causa del ‘procés’ en el Supremo Puigdemont se opone a que el Tribunal de Cuentas consulte a la Justicia de la UE por la normativa

En el escrito que remitirán los dos nuevos fiscales del caso, pedirán amnistiar a los cuatro condenados que cumplen penas de inhabilitación por la malversación–Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa– y a tres de los políticos que no llegaron a ser juzgados, Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, mostró su “respeto” por la decisión de la Junta de Fiscales y reiteró que la ley “tiene un objetivo muy claro” que es “dar un paso adelante a favor de la convivencia”. Desde el PP, por el contrario, volvieron a reclamar la dimisión del Fiscal General del Estado, al que acusan de haberse convertido en el “Tezanos de la Fiscalía” por sus supuestos escándalos.

El líder de Junts pide personarse en la causa contra él por Tsunami Democràtic’

El expresident Carles Puigdemont ha pedido al Tribunal Supremo que le tenga como parte personada en la causa que abrió en su contra por presunto terrorismo en los disturbios achacados a la plataforma Tsunami Democràtic tras la sentencia del procés. Su abogado, Gonzalo Boye, ha solicitado a la magistrada instructora Susana Polo que le tenga como personado, le dé traslado de todo el procedimiento y le notifique todas las decisiones que ha tomado. Además pide también que se le dé plazo para pronunciarse sobre la aplicabilidad de la ley de amnistía a esta causa. Puigdemont ha dado este paso, que refuerza su estrategias para que se le aplique la norma, después de acudir el lunes a declarar ante las autoridades francesas en París para ser “notificado de la existencia del procedimiento” en su contra. Por otro lado, Puigdemont advirtió al Tribunal de Cuentas que solo está “perdiendo el tiempo” cuando abre la puerta a elevar a la justicia europea una consulta sobre la ley de amnistía, ya que “no tiene competencia para hacerlo al no ser un órgano jurisdiccional” y solicitó que aplique la norma “sin más dilaciones” y archive el procedimiento.Por su parte, Jordi Turull volvió a solicitar al Supremo que se le aplique la amnistía.

El Constitucional rechaza suspender el voto telemático en el Parlament

El Pleno del Tribunal Constitucional admitió ayer a trámite el recurso presentado por el Partido Popular contra la decisión de la Mesa de Edad del Parlament catalán que aceptó el voto delegado tanto del expresident Carles Puigdemont como del exconseller Lluís Puig, ambos diputados electos, para la elección de los órganos de la Cámara, el presidente y miembros de la Mesa. La corte de garantías no ha estimado, en cambio, la medida cautelarísima instada por los populares de suspender el acuerdo de la Mesa al entender que “los dos votos delegados no fueron determinantes del resultado de las votaciones celebradas el pasado 10 de junio”.