JUSTICIA "PROCÉS"
Un juez amnistía a 46 policías investigados por las cargas durante el 1-O en Barcelona
Afirma que su actuación no superó “el umbral de gravedad y violencia” para excluirse de la ley
Puigdemont, Alay y Boye se querellan contra el juez del “caso Voloh” por prevaricación y malversación
El juzgado de instrucción número 7 de Barcelona ha amnistiado a los 46 agentes de la Policía Nacional a los que investigaba por las cargas del 1-O en la capital catalana, al considerar que los delitos que se les atribuían encajan en la ley y que su actuación no superó el “umbral de gravedad” para quedar excluida. El juez sostiene que a los agentes, a los que se atribuían delitos de lesiones y contra la integridad moral, se les debe aplicar la amnistía porque las actuaciones investigadas “fueron de escasa duración individual, enmarcadas en un objetivo policial definido y que no continuaron una vez conseguido el mismo, sin que se prolongaran en el tiempo más allá de la propia maniobra policial de entrada y salida de los distintos colegios electorales”. Asimismo, defiende que se encuadran dentro del ámbito de la amnistía ya que están directamente vinculados al procés. La ley excluye los casos de torturas o tratos inhumanos o degradantes si superan “un umbral mínimo de gravedad”. Y aunque algunas de las acusaciones pidieron que se excluyera de la amnistía a algunos de los policías por estos delitos el juez desestima esta pretensión, ya que asegura que debe de ser él quien, como instructor, decida si los hechos son amnistiables o no y concluye que ninguna actuación de los policías investigados en esta causa “superó el umbral de gravedad necesario” para quedar excluido. Con todo, recuerda que el auto se puede recurrir y precisa que, pese a acordar el sobreseimiento libre de la causa penal en aplicación de la amnistía, aún queda abierta la vía civil para que las personas que sufrieron daños por la actuación policial puedan reclamar la responsabilidad civil.
Òmnium Cultural, Irídia y la ANC anunciaron que recurrirán esta decisión alegando que la brutalidad policial por parte de los policías contra la sociedad civil que se vivió durante la celebración del referéndum de 2017 contraviene el artículo 3 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y amnistiarlos implica una vulneración del mismo por parte del Estado. Los sindicatos de la Policía Nacional, por su parte, valoraron positivamente la decisión del juez pese a ser contrarios a la amnistía. Tras este fallo, las defensas de 27 policías nacionales investigados por las cargas del 1-O en Girona han empezado a solicitar la medida de gracia, que por ahora ya ha beneficiado a unas 73 personas, la mayoría policías y manifestantes.Por otro lado, la Abogacía del Estado se posicionó a favor de que se aplique la ley de amnistía a los procesados en la causa contra “Tsunami Democràtic” abierta en la Audiencia Nacional. En este caso están investigados, entre otros, la secretaria general de ERC, Marta Rovira; y el jefe de gabinete de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay.Mientras, tanto Alay como Puigdemont, así como su abogado, Gonzalo Boye, presentaron una querella en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por los delitos de prevaricación y malversación contra el titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que investiga la trama rusa del procés y que la semana pasada abrió una nueva pieza sobre el caso, conocido como ‘Voloh’ y que Artur Mas ha recurrido.
El Gobierno dice al Supremo que debe aplicar la ley
El Gobierno recordó ayer a los jueces que deben aplicar la ley de amnistía, después de que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena rechazara este lunes perdonar el delito de malversación que atribuye al expresident catalán Carles Puigdemont y los econsellers Toni Comín y Lluís Puig. Y de que lo mismo hiciera el juez de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, con los condenados por el procés Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Turull. Así lo expresó la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.Y aunque evitó criticar directamente la decisión de los magistrados del Alto Tribunal, expresando el “respeto” del Ejecutivo a las decisiones judiciales, sí reiteró que los jueces deben aplicar la ley que “funciona como cualquier otra y fue aprobada por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados”. “El texto de la amnistía es absolutamente claro y meridiano. La voluntad del legislador también. Tan clara como las letras y el texto de la propia ley y los efectos positivos que conlleva”, aseveró Alegría. En esta línea, aseguró que el Ejecutivo no va a impulsar una reforma de la norma ni legislará para modificar los artículos que el Tribunal Supremo ha utilizado para no aplicarla a los casos de malversación y mantener las inhabilitaciones y las órdenes de detención contra los líderes del 1-O.
Núñez Feijóo pone en duda de la imparcialidad del Constitucional
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció ayer que su partido agotará los plazos para recurrir la amnistía ante el Tribunal Constitucional, poniendo en duda la imparcialidad del organismo porque ve “absolutamente inmoral” que un órgano de garantías esté “trufado de dos cargos del Gobierno”. Así lo aseguró durante una entrevista en Onda Cero en la que solicitó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que pida la dimisión como miembros del Constitucional de Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, y de Laura Díez, que fue asesora en el Gobierno entre 2020 y 2022, porque ambos han ocupado cargos políticos en los últimos cinco años.
La Generalitat acusa a los jueces de “retorcer” la normativa
La portavoz del Govern de la Generalitat, Patrícia Plaja, acusó ayer al Tribunal Supremo de “retorcer” la ley de amnistía para evitar aplicarla a los dirigentes independentistas condenados o perseguidos por el referéndum del 1 de octubre de 2017. En rueda de prensa, Plaja deploró que haya magistrados que “de forma desacomplejada” menosprecien al Congreso y pretendan “aleccionar el poder legislativo”. “Se sabía que algunos jueces intentarían obstaculizar a la amnistía, pero no deja de ser vergonzoso”, aseveró. En esta línea, recordó que se trata de “una ley aprobada que debe aplicarse en su totalidad” tanto en los casos que les gustan como en los que no.