La Audiencia Nacional declara nulo el caso Tsunami desde 2021 por un error del juzgado
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso de la investigada en la causa de Tsunami Democràtic Marta Molina y ha declarado la invalidez de todas las diligencias que el juez instructor acordó con posterioridad al 29 de julio de 2021, fecha en la que dictó un auto de prórroga de seis meses de la investigación cuando había vencido el plazo un día antes.
En un auto, el Tribunal da la razón a la recurrente al considerar que la prórroga fue extemporánea y ordena al juez Manuel García Castellón que dicte la resolución establecida en el artículo 779 de la Ley de enjuiciamiento Criminal, según el cual el instructor debe decidir si continúa con la causa o dicta el sobreseimiento y para ello, se tendrá que basar solamente en las diligencias acordadas antes del 29 de julio de 2021.
En esas fechas, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional aún no había dirigido la investigación de esta causa por terrorismo contra el expresidente catalán Carles Puigdemont.
Fuentes jurídicas consultadas por EFE consideran que esta decisión de la Sala puede por tanto desembocar en la nulidad de la investigación que Puigdemont tiene abierta por Tsunami Democràtic en el Tribunal Supremo junto al diputado de ERC Rubén Wagensberg.
Contra la dirigente de ERC Marta Rovira, investigada en la Audiencia Nacional también por Tsunami, García Castellón emitió el 3 de diciembre de 2019 la primera comisión rogatoria a Suiza para tratar de localizarla, si bien le fue rechazada, y no fue hasta este año cuando la citó a declarar como investigada.
Queda por tanto en manos de García Castellón decidir si con los datos de los que disponía en julio de 2019 -cuando aún no contaba con la documentación solicitada a diversos organismos ni se habían personado los policías heridos en las protestas contra la sentencia del procés en octubre de 2019- cabe la posibilidad de proseguir adelante con la causa o solo cabe decretar el archivo.
La Sala de lo Penal -compuesta por Alfonso Guevara, Carlos Fraile (ponente) y Ana María Rubio- lo que ha hecho es dar la razón a la secretaria de Movimientos Sociales de ERC Marta Molina, única de la docena de imputados que ha declarado ante el juez, cuando señaló que la prórroga que dispone el auto de 30 de julio de 2021 del juez instructor es "extemporánea", al haber vencido el plazo un día antes.
El juzgado consideraba que el plazo de instrucción no llegó a expirar por el auto de 30 de julio de 2021 en el que acordó la prórroga y que le "dio continuidad sin que se produjese interrupción alguna".
Sin embargo, para la Sala de lo Penal este razonamiento del instructor resulta contradictorio, ya que aunque ambos hechos, "la expiración y su prórroga sean cercanos "están separados por menos de 24 horas- es palmario que lo primero se había producido cuando se acordó lo segundo".
Por todo ello, el Tribunal concluye que la proximidad temporal de expiración de plazo y prórroga no indica continuidad en la instrucción, sino precisamente lo contrario: la solución de esa continuidad.
En el caso de otro de los recurrentes, el investigado Josep Lluis Alay, la Sala rechaza su recurso en el que pedía el sobreseimiento como consecuencia de la expiración del plazo de instrucción.
Los magistrados consideran que Alay constaba en este causa como investigado antes del 29 de julio de 2021, día en que concluyó la fase de instrucción, aunque no hubiere prestado declaración como tal.
La Sala indica que será ahora el juzgado el que, con libertad de criterio y ajustándose a las diligencias practicadas dentro del periodo de instrucción que concluyó el 29 de julio de 2021, resuelva lo que considere oportuno.
