García Castellón archiva el 'caso Tsunami', en el que Rovira estaba imputada por terrorismo

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón acordó ayer el archivo del caso Tsunami en el que figuraban diez personas investigadas, entre ellas la exsecretaria general de ERC Marta Rovira, tras la decisión de la Sala de lo Penal de declarar la invalidez de las diligencias en esta causa desde el 29 de julio de 2021 por un error en la prórroga de la instrucción.

El magistrado acordó también remitir testimonio de su resolución a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y a la Sala Segunda del Tribunal Supremo “para su unión y demás efectos que procedan en su procedimiento de causa especial” en la que está investigado por terrorismo el expresidente catalán Carles Puigdemont y el diputado de ERC Rubén Wagensberg, al ser aforados.En su auto, el juez entiende que con la decisión de la Sala de lo Penal lo que procede es el archivo de la causa, dado que, según él mismo recuerda, no se ha tomado declaración a las personas investigadas en esta causa en fechas anteriores al límite temporal de julio de 2021 que ha fijado la referida sala.García-Castellón, que se reincorporó de sus vacaciones solo para dictar este auto, asume así el criterio de la Sala de lo Penal de que una vez anuladas todas las diligencias acordadas en estos últimos tres años, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se tenía que pronunciar contando únicamente con el material existente hasta julio de 2021. La Sala de lo Penal invalidó todas las diligencias acordadas por el instructor en los últimos tres años porque el juzgado prorrogó la investigación el 30 de julio de 2021, veinticuatro horas fuera de plazo. Dejaba así en el aire la decisión tomada por el magistrado en noviembre del 2023, en plena negociación de la amnistía, de decretar como investigados a Puigdemont, Rovira y Wagensberg, y al jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay.Tras este giro judicial en la causa de Tsunami, Rovira valorará la posibilidad de volver a Catalunya, según informó ERC nada más conocerse la decisión de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, horas antes del archivo por parte de García Castellón. Afirmó que la decisión de la Audiencia deja ver la “motivación política” del magistrado. Desde Junts, su secretario general, Jordi Turull, criticó el “delirio, la insolvenciay la persecución del independentismo” de García-Castellón. Por su parte, Òmnium había exigido el archivo de la causa.

El expresident recurre la decisión del Supremo de no amnistiarlo

El fallo de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional podría despejar el camino judicial de Marta Rovira. Sin embargo, el de Carles Puigdemont aún estaría embarrado. El expresident presentó ayer un recurso contra la decisión de juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de no amnistiarle la malversación por la que está procesado y lo acusó de “ignorar deliberadamente” la ley. Su defensa acusa al magistrado de hacer una interpretación “completamente insostenible” de la norma y de incurrir en “quiebras lógicas y contradicciones tan evidentes” que, a su juicio, “basta su lectura” para “apreciar lo arbitrario de la resolución” de Llarena. Aunque la negativa del juez complica su regreso a Catalunya, el president del Parlament, Josep Rull, afirmó ayer que de volver para una eventual investidura no permitiría “que la policía lo detuviera dentro de la Cámara”. “Si lo tienen que hacer, al primero que tendrán que detener es a mí”, aseguró el dirigente de Junts.