Begoña Gómez se acoge a su derecho a no declarar ante el juez

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se acogió ayer a su derecho a no declarar en su segunda cita ante el juez que le investiga por presunto tráfico de influencias en una causa en la que su defensa no ve “garantías” suficientes y considera vacía de contenido.

Gómez volvió a acudir a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, a los que, de nuevo, accedió en coche por el garaje por motivos de seguridad, pasadas las 9:30 horas, y en medio de un fuerte dispositivo policial y la misma expectación mediática que hace justo dos semanas, cuando compareció por primera vez.Su comparecencia duró apenas diez minutos. De negro y rodeada de cuatro personas de seguridad, entró sobre las 10:10 horas al juzgado y salió diez minutos después, tras acogerse a su derecho a no declarar ante el juez.Una decisión adoptada por recomendación de su defensa, “no porque tenga nada que esconder” o “no quiera dar explicaciones”, sino porque la “declaración del investigado tiene que hacerse con garantías”, según afirmó su abogado, Antonio Camacho, ante los medios.Muy crítico con esta decisión, Vox –que dirige las acusaciones populares– anunció su “firme voluntad” de pedir al juez que cite como testigo al presidente del Gobierno, para aclarar las reuniones mantenidas entre su mujer y empresarios como Juan Carlos Barrabés en el palacio de la Moncloa.El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, lo consideró“absurdo”, ridículo” y “cruel” y ve en esta petición una “persecución política”. En cambio, a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no le pareció “mala idea”, y desde su partido, el PP, advirtieron de que “no dar explicaciones alienta las sospechas”.Begoña Gómez es la única investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en la causa abierta tras una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias, centrada en un presunto trato de favor en el marco de contratos públicos adjudicados al empresario Barrabés, a la que después se unió una querella de la asociación ultracatólica Hazteoír.