POLÍTICA PLENO
Junts frustra el camino de los presupuestos y vota junto al PP contra la ley de extranjería
Los de Puigdemont dejan claro en el Congreso las dificultades de los socialistas para conseguir mayorías
El ministerio de Hacienda está ahora obligado a presentar nuevos objetivos de déficit
El Gobierno de Pedro Sánchez no llegó a presentar un proyecto de presupuestos para 2024 porque no tenía atados los apoyos para sacarlos adelante. Ahora ha recibido un nuevo revés de Junts, que ayer optó por rechazar los objetivos de déficit y tumbar la senda planteada por el Ejecutivo, obligado ahora a presentar números nuevos. Los de Carles Puigdemont dejaron claro de nuevo las dificultades de los socialistas para conseguir mayorías. Junts pedía que en los objetivos de estabilidad presupuestaria se dotara de una décima más de déficit a las comunidades, de tal manera que estas tuvieran más capacidad y más recursos económicos. El voto en contra de Junts se explica como protesta por la baja ejecución presupuestaria del ejercicio 2023 en Catalunya, donde solo “se ha ejecutado sólo un 45% de lo que se había previsto”, explicó lamentó el portavoz adjunto de Junts en el Congreso, Josep Maria Cruset. “Esto significa, en práctica, que los ciudadanos de Catalunya reciben 130 euros cada uno de ellos de los Presupuestos del Estado en 2023. Han recibido 372 los de Madrid, 396 los de Castilla y León y 643, por ejemplo, los de Murcia”, apuntó.
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, dijo que la decisión de Junts de tumbar esta votación acerca la posibilidad de una moción de censura del PP al Gobierno, apoyada por los de Puigdemont.Este no fue el único gran varapalo que se llevó ayer el Ejecutivo socialista, que vio fracasar también su intento de sacar adelante la reforma de la ley de Extranjería por los posicionamientos de Junts y el Partido Popular. Junts defiende que el Estado ha de traspasar las competencias en esta materia a la Generalitat. La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, advirtió no se puede seguir “sobresaturando a Catalunya” y “tensando la convivencia” con la acogida sin límites de los inmigrantes que llegan al Estado. Los populares, por su parte, urgían declarar la emergencia migratoria en todo el Estado y convocar una conferencia de presidentes autonómicos. Con 177 votos en contra, solo 171 a favor y una abstención, el pleno de la Cámara baja rechazó la toma en consideración de la norma, presentada hace una semana por PSOE, Sumar y Coalición Canaria (CC). La actualización del artículo 35 pretendía fijar una asignación obligatoria de reubicación de menores migrantes no acompañados cuando Canarias, Ceuta, Melilla o cualquier comunidad haya superado en un 150% la capacidad de acogida.En este contexto, Aragón, Galicia, Andalucía, Murcia, Castilla y León, Madrid, Extremadura, Baleares y Cantabria han anunciado un recurso ante el Tribunal Supremo para que el jefe del Ejecutivo convoque la Conferencia de Presidentes, que lleva más de dos años sin reunirse. Reclaman tratar asuntos como la inmigración irregular o la financiación autonómica.
El PSOE pierde otras cuatro votaciones y suma ya 32 derrotas desde el inicio de legislatura La Cámara Baja da luz verde con 5 años de retraso a los candidatos para renovar el Poder Judicial
La reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y su renovación avanzaron ayer con la aprobación en el Congreso del pacto de PSOE y PP, que no obstante criticó a los socialistas durante el debate en el pleno por tratar de “amparar zonas de impunidad para Pedro Sánchez”. La proposición de ley salió adelante para su envío al Senado con 259 votos a favor de PSOE y PP, que defendieron su acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces frente a las críticas del resto de partidos por quedarse al margen. La iniciativa legal contabilizó 43 votos en contra de Vox y Junts y 32 abstenciones de PNV, Sumar y UPN. No votaron ERC, EH Bildu ni BNG. El diputado del PSOE Francisco Aranda calificó como una “gran noticia” que los dos principales partidos se hayan puesto de acuerdo para renovar el CGPJ. El resto de grupos expresó su malestar por el acuerdo, incluido Sumar. Una de las más duras fue la líder de Podemos, Ione Belarra, que pidió al PSOE que rompa este pacto con el PP. El diputado de Junts Josep Maria Cervera afeó al PSOE que haya pactado con el PP una reforma que considera una “broma”. Desde ERC, Pilar Vallugera advirtió que no piensan participar de esta “farsa”. Vox censuró el “compadreo” de PP y PSOE. Socialistas y populares votaron los diez vocales del Poder Judicial que corresponde elegir a la Cámara Baja -seis de origen judicial y cuatro juristas de reconocido prestigio- y hoy será el turno de que el Senado haga lo propio en medio de las críticas de los grupos. Esquerra, Bildu y BNG no participaron en la votación.
Luz verde al decreto que elimina el IVA al aceite de oliva
El Congreso reunió ayer los votos necesarios para convalidar el real decreto ley que prorroga algunas de las medidas puestas en marcha para aliviar los efectos de los conflictos de Ucrania y Oriente Medio e incluye otras nuevas, como la eliminación hasta octubre del IVA del aceite de oliva y la reducción del IRPF para las rentas bajas.La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo que es el noveno paquete de medidas anticrisis, por un valor total de 120.000 millones desde 2020. El llamado decreto anticrisis contó con el apoyo de ERC, PNV, Bildu, Podemos y Junts y se tramitará como proyecto de ley, lo que permitirá a los grupos introducir enmiendas.
La ley de Paridad se convierte en otra arma arrojadiza
El PSOE dijo ayer que no acepta “ni un paso atrás con la paridad”, mientras que el PP tachó el proyecto de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres de “chapuza legislativa”. Así lo pusieron de manifiesto en la toma en consideración de la Ley de Paridad en el Congreso. Regresó a la Cámara Baja tras su paso por el Senado, con las enmiendas del PP, que fueron rechazadas ayer en la votación en el Congreso. Los populares habían aprovechado para modificar el texto, que, con una de las enmiendas, eliminaba la posibilidad de que las mujeres superen el 60% y lleguen incluso al 100% de representación en los órganos de dirección.