El Tribunal de Cuentas eleva la ley de amnistía a la Justicia Europea

El Tribunal de Cuentas ha acordado plantear ocho cuestiones prejudiciales a la Justicia Europea sobre la ley de amnistía en el marco del procedimiento sobre el desvío de fondos públicos para el procés ante la posibilidad de que colisione con los intereses financieros de la UE. El Tribunal de la causa que afecta a los expresidents Carles Puigdemont, Artur Mas y a una treintena de exaltos cargos subraya en su auto que es “muy difícil conciliar” la amnistía con la “prevención de la impunidad del fraude y la corrupción” que persigue el derecho de la UE. E incide en que diversos preceptos de esta ley podrían dar lugar, “precisamente, a la impunidad de las responsabilidades contables que, en su caso, se pudieran declarar por los hechos enjuiciados” en este procedimiento, que ahora queda en suspenso tras esta decisión, al igual que la aplicación inmediata de la amnistía. Considera además que si ya estuviese en vigor la directiva europea sobre la lucha contra la corrupción no habría sido posible aprobar la ley. El Tribunal de Cuentas ha sido el primero en llevar la norma ante la justicia europea, después de que la semana pasada el Supremo decidiera llevarla ante el Constitucional, convencido de que vulnera preceptos como el de la igualdad ante la ley o la seguridad jurídica.

Sí que se ha beneficiado de la normativa el jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, amnistiado de los presuntos delitos de prevaricación y malversación por haber usado fondos públicos para un viaje. La causa, pendiente de juicio en la Audiencia de Barcelona y que ha quedado archivada, derivaba de un viaje que llevó cabo como jefe de la oficina del expresident a Nueva Caledonia como observador de un referéndum de independencia en 2018.La Audiencia de Barcelona también ha amnistiado a los dos exconcejales del PSC de Pineda de Mar que habían sido condenados a un año de cárcel y dos de inhabilitación por coaccionar a un hotelero para que echara a los policías nacionales acogidos por el 1-O. Por su parte, el Tribunal Supremo, ha dado un plazo de dos días a la Fiscalía para que se pronuncie sobre el recurso presentado por Puigdemont contra su decisión de no amnistiar la malversación.