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El acuerdo PSC-ERC prevé efectuar los cambios en financiación en 2025 y "un incremento de recursos" mientras no funcione el nuevo sistema

El texto, que no habla de "concierto", incluye nuevos entes para tener más peso en los aeropuertos y más impuestos a los casinos

Primer plano de un cartel de la Agencia Tributaria de Cataluña.

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El preacuerdo entre el PSC y ERC prevé que los cambios se empiecen a impulsar en el 2025, después de que durante el primer semestre del año se formalice el pacto en una comisión bilateral Generalitat-Estado. Una vez sellado el acuerdo, se pondrá en marcha las modificaciones legislativas que haga falta y se trasladará los acuerdos a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales. El pacto, que no habla de "concierto económico" en ningún punto, también estipula que mientras no exista este sistema de financiación se producirá un "incremento sustancial de recursos" para compensar "desequilibrios" del modelo actual.

Por otra parte, ERC y el PSC también han acordado crear la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña y modificar la ley para crear un nuevo Consejo Rector Aeroportuario de Cataluña. Además, se han comprometido a impulsar una ley para subir impuestos a los casinos.

Nuevo sistema de financiación

Según el preacuerdo entre los dos partidos, hecho público este mediodía, la Agencia Tributaria de Cataluña actuará como una hacienda catalana y gestionará, recaudará, liquidará e inspeccionará todos los impuestos en Cataluña. Les modificaciones para conseguirlo empezarán en el 2025, con el impulso de la modificación de, como mínimo, tres leyes: la LOFCA, la ley de financiación de las comunidades autónomas y la ley de cesión de tributos.

Aunque el preacuerdo no entra en unos plazos detallados, sí que concreta que el primer tributo en que se adelantará será el IRPF. También apunta que la ejecución de todos los acuerdos sobre financiación tendría que estar acabada durando el 2026 y detalla que la asunción de las competencias también implicará el traspaso de medios humanos, materiales, económicos y tecnológicos.

A pesar de la recaudación y gestión de los impuestos, se ha acordado que se siga con el principio de solidaridad, de manera que se hará una aportación "explícita y transparente" que, de momento, no está concretada. También se prevé que Cataluña haga una aportación a las finanzas del Estado. Esta será "por el coste de los servicios que el Estado presta en Cataluña", y será de un porcentaje indeterminado.

Mientras el nuevo sistema no esté en marcha, se ha acordado un incremento "sustancial" de recursos para "compensar desequilibrios". También han pactado que se cree un consorcio paritario Estado-Generalitat para abordar el déficit de inversiones y la baja ejecución de las inversiones previstas en Cataluña.

Autoridad Aeroportuaria de Cataluña

Con respecto a infraestructuras, los dos partidos han acordado crear la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña y el Consejo Rector Aeroportuario de Cataluña, en sustitución del actual comité de coordinación aeroportuaria. La intención que tienen es que la Generalitat pueda tener "un papel determinante en la definición, articulación y gestión del nuevo sistema aeroportuario catalán".

De la misma manera, aseguran que la nueva Autoridad Aeroportuaria "vehiculará los intereses de Cataluña, responsabilizándose y dando apoyo al nuevo papel de la Generalitat de Catalunya en el nuevo modelo de gobernanza, y centralizará las competencias propias de la Generalitat que tengan relación con la política aeroportuaria".

El acuerdo entre el PSC y ERC no habla explícitamente del Hard Rock, uno de los grandes proyectos propuestos por los socialistas. Sí que habla de la ley sobre los centros recreativos turísticos (CRT) del 2014, que es el que estipulaba una rebaja impositiva en los grandes casinos de juego al 10% en caso de que el complejo BCN World acabara abriendo puertas. Ahora los dos partidos han acordado modificar aquella ley para subir el tipo impositivo del juego y volver al régimen de fiscalidad anterior a esta ley, que era del 55% a los grandes casinos.

También sobre fiscalidad, republicanos y socialistas han pactado que el próximo Govern mantenga el impuesto de sucesiones y patrimonio y no deflacte el IRPF. Además, se ha acordado mantener la oficina para la Renta Básica Universal y autorizar al plano piloto.

Regulación de alquileres de temporada, habitaciones y HUTs, y gratuidad I-1

Aparte, ERC y el PSC se han comprometido a regular los alquileres de temporada, los alquileres de habitaciones y las viviendas de uso turístico. Esta ha sido, de hecho, una demanda de los Comuns durante las negociaciones. Además, han pactado que entre el 2024 y el 2030 se construya 50.000 pisos nuevos en el marco de un programa de fomento de la vivienda protegida, y desplegar la ley estatal de vivienda, especialmente el índice de referencia de precios de los alquileres.

Con respecto a la educación, se han comprometido a impulsar la gratuidad del Y-1 durante el curso 2025-2026 y a no renovar el concierto en los centros que segreguen por sexo. Además, si el PSC gobierna mantendrá el adelanto del calendario escolar.

200 millones de euros al Pacto Nacional por la Lengua y ampliación de las delegaciones exteriores

En materia de impulso del catalán, recogen que habrá un Departamento específico sobre esta cuestión en el nuevo Govern y que los primeros 100 días de Govern se aprobará el Pacto Nacional por la Lengua, dotado con 200 millones de euros el primer año.

Con respecto a la acción exterior, se mantendrá el Departamento de Acción Exterior, se culminará la creación del cuerpo de acción exterior y se consolidará y ampliará la red de delegaciones en el exterior.

En energía, los dos partidos también han acordado seguir con la apuesta de la empresa energética pública. Además, se ha firmado el compromiso para que el futuro Govern se oponga a proyectos privados como las líneas eléctricas de evacuación de muy alta tensión (MATE) de la línea del Bajo Cinca-Pierola-Rubí, la línea Valmuel-Begues y la línea Laluenga-Isona.

Convención Nacional para la resolución del conflicto al primer pleno del Parlamento

El texto también recoge el compromiso de impulsar una Convención Nacional para la resolución del conflicto político, formada por representantes de los grupos parlamentarios y presidida por ERC. Según el acuerdo, se tendrá que impulsar al primer pleno del Parlamento después de la constitución del nuevo Govern. El objetivo será "promover un debate a nivel político, social y ciudadano sobre cómo abordar la resolución del conflicto político existente" y tendrá que presentar sus conclusiones al Parlamento. Además, la Convención también hará seguimiento y monitorización de la aplicación de la ley de amnistía.

Para garantizar el cumplimiento de los acuerdos, ERC y PSC han pactado crear una comisión de seguimiento del pacto formada por tres representados de cada partido. Este órgano se reunirá una vez al semestre o cuando una de las partes lo pida, y cada seis meses hará un informe de cumplimiento del acuerdo.

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