La financiación “singular”, en 2025

El preacuerdo entre ERC y el PSC para investir a Salvador Illa como president prevé que Gobierno y Generalitat concreten el nuevo sistema de financiación “singular” para Catalunya en una comisión bilateral prevista para el primer semestre de 2025, si bien no usa el término concierto económico para definirlo. Así lo prevé el texto, dado a conocer ayer por Esquerra y que está pendiente todavía del aval de la militancia republicana. En el documento, de 25 páginas, no se cita de forma explícita que Catalunya vaya a salir del régimen común, aunque sí se hace referencia a acometer “las modificaciones que correspondan de la LOFCA, la ley de financiación de las comunidades autónomas y la ley de cesión de tributos” para que la Agència Tributària de Catalunya pueda gestionar, recaudar, liquidar e inspeccionar todos los impuestos –a excepción de los locales–. Y aunque el preacuerdo no entra en plazos detallados, sí concreta que el primer tributo en el que se adelantará será el IRPF de 2025, mientras tanto, se estudiará cómo recaudar el IVA de las pymes y aplicar el IVA de los arrendamientos turísticos. También apunta que la ejecución de todos los acuerdos sobre financiación debería estar terminada durante el 2026 y que la asunción de las competencias implicará el traspaso de medios humanos, materiales, económicos y tecnológicos por parte del Gobierno central.

El texto también especifica que, pese a los traspasos, se siga con el principio de solidaridad, por lo que Catalunya hará una aportación “explícita y transparente” que, de momento, no está concretada pero que deberá seguir limitada al principio de ordinalidad. También se prevé que haga una aportación a las finanzas del Estado “por el coste de los servicios que presta”.

El pacto mantiene el aporte a la caja de solidaridad, pero limitado por el principio de ordinalidad

Mientras el nuevo sistema no esté en marcha, se contempla un incremento “sustancial” de recursos para “compensar desequilibrios”. También la creación de un consorcio paritario Estado-Generalitat para abordar el déficit de inversiones y la baja ejecución de las previstas en Catalunya.Más allá de la carpeta de la financiación, el preacuerdo incluye medidas en el ámbito del conflicto político, del impulso social del catalán, la vivienda, la educación o las infraestructuras, como los aeropuertos.

Con respecto a la lengua, prevé que “la política lingüística tenga rango de departamento” y que el nuevo Govern asuma el Pacte Nacional per la Llengua y lo dote con 200 millones en su primer año. Buena parte de este apartado se centra en garantizar el catalán como idioma vehicular en la educación. También se pactó mantener el departamento de Acción Exterior y “consolidar y ampliará” la red actual de delegaciones.PSC y ERC también pretenden avanzar hacia un “modelo de país basado en el progreso”.En el caso del polémico macroproyecto de ocio Hard Rock –el detonante del fin de la legislatura–, pactaron modificar la ley del CRT de modo que se incremente el tipo impositivo vinculado a los casinos hasta dejarlo como preveía la norma anterior (55% frente al 10% actual), lo que dejaría en stand by el proyecto. Quieren “transformar” el Aeropuerto de Barcelona para que gane capacidad con nuevas conexiones intercontinentales. Se comprometen a regular los alquileres de temporada, de habitaciones y las viviendas de uso turístico y construir hasta 50.000 vivienda protegidas.

Catalunya pasaría a recaudar cerca de 60.000 millones

La consellera de Economía en funciones, Natàlia Mas, defendió ayer que el preacuerdo entre ERC y el PSC implicaría el ingreso de un total de unos 60.000 millones de euros en Catalunya gracias a la recaudación del 100% de los impuestos. La Agència Tributèria de Catalunya (ATC) pasaría de recaudar el 9% de los impuestos al 53%. Así lo aseguró en una serie de mensajes en la red social X en los que especificó que de estos 60.000 millones habría que restar dos aportaciones al Estado: por los servicios que presta y en concepto de solidaridad territorial, con un límite en el principio de ordinalidad.Catalunya, Madrid y Baleares son las únicas comunidades autónomas que aportan dinero a una “caja de solidaridad”. Madrid contribuye con unos 6.000 millones, Catalunya con 2.000 millones y Baleares con 300 millones. Los demás territorios solo reciben. Si Catalunya saliera de esta lista habría un 24% menos de dinero para repartir de la caja común, por lo que algunas regiones recibirían menos recursos, acabando así con el sistema. Sin embargo, el preacuerdo mantiene el concepto de solidaridad. La aportación de Catalunya al conjunto del territorio dependerá de la negociación bilateral con el Estado. Lo que sí fija el acuerdo es que la solidaridad tiene que estar limitada por el principio de ordinalidad: que las comunidades que más aporten sean las que más reciben.