La familia del niño fallecido en la Rambla el 17-A quiere llevar el caso a Estrasburgo para "aclarar los interrogantes"

La familia del niño de tres años muerto en la Rambla el 17-A, vecino de Rubí y vinculado a la localidad de Llimiana, quiere interponer una demanda en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo para "aclarar los interrogantes" que todavía se desconocen sobre los atentados de Barcelona y Cambrils. El padre el niño, Javier Martínez, ha adelantado que la intención es que los abogados expertos en derechos humanos Alejandro Chehtman y Nico Krisch lleven el caso, junto con Jaume Alonso Cuevillas y Agustí Carles. Las víctimas tienen tiempo hasta el 6 de septiembre para interponer la demanda y hacen un llamamiento a recibir donaciones para poder asumir los costes judiciales. El recurso ante la justicia europea llega después de que en mayo el TC denegara el recurso de las víctimas porque no apreciaba "especial trascendencia constitucional".

En una publicación en X, el antiguo Twitter, Javier Martínez también indica que esperan la reactivación de la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. "El gobierno de Pedro Sánchez tendría que comprometerse a desclasificar toda la documentación secreta para conocer qué falló y cumplir con el derecho de las víctimas a saber la verdad, como, por ejemplo, la relación del imán con el CNI", escribe.

Por su parte, el abogado Jaume Alonso-Cuevillas ha asegurado que confía en el recurso al TEDH, que ya están ultimando, para "saber la verdad". "La justicia europea no tiene ninguna implicación, ninguna parcialidad, y, por lo tanto, no es sospechosa de querer encubrir los servicios secretos españoles como se puede sospechar de la justicia española", ha indicado. "Queremos saber la verdad y España ha puesto todos los impedimentos", ha agregado Cuevillas desde la protesta que este sábado se ha hecho ante la Audiencia Provincial de Barcelona.

El abogado ha remarcado que todavía hay "muchas incógnitas" en torno a los atentados de 2017 y ha apuntado que el "derecho a saber la verdad" es un derecho fundamental reconocido por las Naciones Unidas. "Se nos ha acusado de conspiranoicos, de buscar teorías que sólo pretendían conspirar contra el Estado español, y siempre hemos respondido lo mismo: que investiguen ellos que tienen medios y nos hagan callar si es cierto que no hay ningún hilo oculto", ha sentenciado.