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SUCESOS INVESTIGACIÓN

El Gobierno, 'culpable' de más de 70 muertes en Londres

En un incendio en 2017, por dejar construir sin medidas de seguridad. Las empresas ocultaron los riesgos de la fachada

Los bomberos inspeccionan la torre tras el incendio en 2017.

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El informe final sobre el fuego en el que murieron 72 personas en la Torre Grenfell de Londres en 2017 refleja que una batería de factores contribuyeron al incendio más grave en la historia reciente de Reino Unido, con reproches a los sucesivos gobiernos que consintieron la construcción de inmuebles sin garantías suficientes de seguridad y a la empresas que, con una “falta de honestidad sistemática”, ocultaron los riesgos del revestimiento de la fachada, clave para la rápida extensión de las llamas.

El responsable de la investigación, el antiguo juez Martin Moore-Bick, sentenció ayer en una comparecencia pública que todas las muertes eran “evitables” y aludió a una concatenación de fallos, un “camino hacia el desastre” en el que, aunque no todas las partes tienen la misma responsabilidad, sí hay muchos actores implicados de manera directa o indirecta en el incendio que arrasó el edificio de 24 plantas.Los expertos han concluido que los sucesivos gobiernos que ha tenido Reino Unido desde los años noventa “ignoraron” o “retrasaron” las dudas que ya comenzaban a hacerse evidente en relación a los materiales que las constructoras estaban utilizando para cubrir las fachadas de algunos edificios. La administración pública perdió “muchas oportunidades” de tomar medidas, aunque el informe atribuye una especial culpa al Gobierno que el conservador David Cameron compartió con los liberaldemócratas, por adoptar una serie de recortes en materia de regulación. Los Bomberos, por su parte, carecían de una estrategia clara de evacuación y erraron en su primeras conclusiones sobre el fuego. El revestimiento fue, “con mucho”, el principal factor que contribuyó a expandir las llamas, pero las empresas fabricantes llevaban años con “estrategias deliberadas y sostenidas” para que sus productos pareciesen más seguros de lo que eran. Los procesamientos judiciales no se prevén hasta finales de 2026 y un hipotético juicio no llegaría hasta 2027, una década después del incendio.

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