España usa la amnistía para cubrirse ante Estrasburgo

La Abogacía del Estado ha enviado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) nuevas alegaciones, entre las que incluye la aprobación de la ley de amnistía, para evitar que España sea condenada por vulneración de derechos fundamentales en la causa por el 1-O. Se trata del caso promovido por los nueve líderes independentistas encarcelados por el referéndum, que demandaron al Estado ante este tribunal con sede en Estrasburgo. Ellos pueden presentar un escrito antes de que el tribunal entre en su fase de deliberación.

En este contexto, la defensa del Estado sostiene que, en caso de que se concluya que se vulneraron derechos fundamentales, se ha reparado parte del daño causado con el cambio en el Código Penal, los indultos y ahora también por la amnistía. Todo ello a pesar de que el Tribunal Supremo se niega a amnistiar a los líderes independentistas. Además, la defensa del Estado argumenta que no condenó a los encausados por el 1-O por su ideología, sino porque, afirma, incumplieron la ley. Por otra parte, minimiza los dos votos particulares de magistrados del Tribunal Constitucional que consideraron que las condenas eran desproporcionadas. “La existencia de votos particulares puede cumplir la legítima función de manifestar criterios disidentes”, apunta.El presidente de Òmnium Cultural, el leridano Xavier Antich, tildó de “filibusterismo” que el Estado use la amnistía para evitar condenas por el 1-O en Estrasburgo. Por otra parte, la Audiencia Nacional ha planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE para que se pronuncie sobre la aplicación de la amnistía a los doce CDR acusados de terrorismo en el ‘caso Judas’. Quiere saber si, tal y como entienden los magistrados, contraviene el Derecho Comunitario y garantiza la impunidad de los delitos.

Conde-Pumpido exige “respetar” las decisiones del Constitucional

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, reclamó ayer “respeto” a las decisiones “y a la independencia” del órgano que preside, y recordó que “todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento” de sus resoluciones. Estas declaraciones coinciden con la entrada en el tribunal de garantías de la cuestión de inconstitucionalidad del Tribunal Supremo y el recurso del PP sobre la amnistía, sobre las que el TC, con mayoría progresista, tiene la última palabra. Conde-Pumpido recibió a José María Macías como nuevo magistrado del TC.