Llarena insiste en negar la amnistía a Puigdemont por la malversación

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ratificó ayer que no amnistiará al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont por el delito de malversación por el que está procesado. El magistrado desestimó los recursos de reforma de Puigdemont y de los exconsellers Lluis Puig y Toni Comín, quienes ahora podrán recurrir la decisión de Llarena ante la Sala de Apelaciones del Alto Tribunal español. También rechazó, en la víspera de la Diada, los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que habían reclamado al juez que aplicara la norma a los procesados.

En su auto, Llarena destaca que el redactado de la ley deja fuera del alcance de la amnistía los delitos de malversación en supuestos en que el sujeto actúe con “el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial”, lo que entiende que concurre en el caso. Resalta que el delito hubiera entrado en la norma si la ley hubiera proclamado, sin restricciones, la concesión de la medida de gracia a todos los delitos de malversación cometidos para promover el 1-O, o si hubiera limitado la exclusión a casos de enriquecimiento en su significado etimológico, es decir, de aumento de riqueza. En cambio, el juez sostiene que el expresident decidió “cargar a los fondos públicos aportados por los contribuyentes el coste” del referéndum del 1-O, que era un empeño no solo ilegal y contrario a la Constitución y al Estatut de Catalunya, sino, asegura, ajeno a sus responsabilidades de Govern y a las competencias de la Generalitat.En su recurso, Puigdemont denunció la “grotesca arbitrariedad” del juez al no amnistiarle por el 1-O y pidió que se le aplique, como así acordó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el mismo criterio que exoneró al exconseller Miquel Buch: la malversación se perdona si los fondos tuvieron como finalidad el procés. Al respecto, el juez destaca que la interpretación del TSJC es plenamente compatible con lo que el Supremo sostiene.El expresident lamentó ayer que Llarena haya decidido no amnistiarle “el mismo día que decide mantener impunes los crímenes del franquismo”, en referencia al archivo de la causa por la querella de un denunciante de torturas durante el régimen (ver página 22). Puigdemont aseguró que se enteró de la decisión del magistrado del Supremo por la prensa.

Paneque evita valorar los recursos presentados por los gobiernos autonómicos del PP

Junts censuró ayer la decisión del juez Pablo Llarena y el senador de los juntistas Eduard Pujol llamó al magistrado “Tejero 3.0 sin bigote”, lo que le costó una reprimenda del presidente del Senado, Pedro Rollán. Pujol aprovechó el debate de una moción del PP sobre la transparencia en las instituciones y la lucha contra la corrupción en la Cámara Alta para criticar el “gran ejercicio de cinismo político” del Gobierno español por asilar al opositor venezolano Edmundo González y “permitir al Poder Judicial mantener en el exilio” a Carles Puigdemont. “Cuando se trata de proteger al Estado de derecho en España no son tan valientes”, añadió, antes de reclamar a Moncloa que “sea capaz de decir que ‘ya es suficiente’” a Llarena. Junts denunció, en un manifiesto con motivo de la Diada de Catalunya, que el rechazo del Tribunal Supremo a amnistiar al expresident es “un golpe de Estado judicial” cuyo propósito es el de “eliminar la figura” de Puigdemont.

También el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, sostuvo que la decisión de Llarena confirma el “golpe de Estado judicial”.Por su parte, la portavoz adjunta de Sumar en el Congreso y dirigente de los Comuns Aina Vidal, proclamó que no respetar la ley de amnistía es “ir contra España” y “contra la política”, para insistir en su convencimiento de que esta norma es constitucional, mientras que el PNV advirtió a Llarena que es “importante” tener en cuenta que la voluntad del Congreso es una “amnistía completa”.Por su parte, el portavoz del PP en la Cámara Baja, Miguel Tellado, exigió al Gobierno español que “respete” la decisión del juez Llarena de no amnistiar la malversación al expresident.

El Govern pide al poder judicial “respeto” y exige aplicar la norma ya

El Govern reclamó ayer que la ley de amnistía se aplique con la “máxima celeridad y sin subterfugios”, y pidió al poder judicial “respetar” al legislativo. Así se pronunció Sílvia Paneque, portavoz del Executiu que preside Salvador Illa, que defendió que “pedimos respeto a las decisiones judiciales pero también pedimos que el Poder Judicial respete aquellas decisiones que se han aprobado en mayoría por parte del Poder Legislativo”. Paneque insistió en reclamar que se amnistíe a “la totalidad de personas que puedan disfrutar de los beneficios” de la ley, y aseguró que se trata de una norma “importante para la normalización social, política e institucional de Catalunya”. Preguntada por cómo valora los recursos de inconstitucionalidad contra la amnistía presentados desde comunidades autónomas gobernadas por el PP y también por Castilla La Mancha, gobernada por el socialista Emiliano García-Page, la portavoz del Govern se limitó a defender que estos recursos son mecanismos, “sea cual sea la comunidad autónoma”, que están previstos en la legalidad.

La ley llega al TC, que hoy empieza a estudiar los recursos

El Tribunal Constitucional (TC) comenzará hoy su debate sobre la ley de amnistía, en base a la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Supremo, que previsiblemente será admitida a trámite para dar paso a su estudio en profundidad, si bien el fallo podría tardar hasta un año en llegar. Estaba previsto que el tribunal de garantías estudiara ayer la ponencia del magistrado conservador Ricardo Enríquez, que aboga por admitir a trámite la pregunta formulada por el Supremo, pero la ausencia de un vocal por motivos personales obligó a posponer el asunto para garantizar que los doce miembros del tribunal participan de la discusión en un tema de tanta relevancia. El Supremo se dirigió en julio al TC al considerar que la ley vulnera el derecho a la igualdad y los principios de seguridad jurídica.Entretanto, el Gobierno de La Rioja, Cantabria y la Junta de Castilla y León registraron ayer sus recursos de inconstitucionalidad contra la ley. De este modo, se suman a la ofensiva autonómica del PP contra la medida de gracia, que ya contaba con el apoyo de ocho autonomías incluida la de Castilla-La Mancha, que preside el socialista Emiliano García-Page.