El TC deja en suspenso los recursos contra la amnistía de las comunidades del PP y Page

El Tribunal Constitucional (TC) mantiene en suspense los recursos contra la ley de amnistía de las comunidades autónomas gobernadas por el PP y por el Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por el socialista Emiliano García-Page, hasta dilucidar si están legitimadas para ello. Las autonomías pueden presentar estos recursos si afecta a sus competencias, y el tribunal de garantías encargará un estudio sobre el caso antes de tomar una decisión. Un grupo de letrados del TC estudiarán estos casos y enviarán su informe a la magistrada Laura Díez, la encargada de tomar una decisión sobre el recurso del Gobierno aragonés. Este fue el primer Ejecutivo autonómico en llevar la amnistía ante el tribunal, y el informe servirá luego para resolver la viabilidad del resto de recursos contra la norma. Fuentes del TC defienden que “resolver conjuntamente” un asunto que afecta a todas las impugnaciones ahorra tiempo de estudio, aunque también han expresado su voluntad de resolver los recursos autonómicos sin prisas, porque se trata de asuntos complejos que necesitan tiempo estudio.

Fuentes jurídicas, de todas formas, califican los recursos de las comunidades gobernadas por los populares como un caldo del presentado por el propio PP. Con ello, el TC deberá de todas formas pronunciarse sobre el fondo del caso aunque frene los presentados por las autonomías.El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ayer que sería “una arbitrariedad extraordinaria” que el Constitucional impidiera a las autonomías recurrir la amnistía. “Espero que no haya censura”, aseveró, antes de resaltar que los populares han recusado a Laura Díez en las deliberaciones sobre la amnistía porque “era una directora general de La Moncloa”. Varias ejecutivos autonómicos gobernados por el PP, como el de Andalucía o Galicia, también censuraron la decisión del TC.Por su parte, García-Page insistió en criticar la amnistía y defendió el recurso que su administración ha presentado ante el tribunal de garantías. “Si la ley hubiera sido buena la habríamos planteado en campaña electoral, pero no lo hicimos”, dijo, en referencia al PSOE.

El expresident Carles Puigdemont ha pedido al Tribunal Constitucional (TC) que aparte al recién nombrado magistrado José María Macías de todos los asuntos que se estudian en la corte de garantías referentes al procés y de los recursos presentandos contra la ley de amnistía al considerar que “no será imparcial”. El abogado del líder de Junts, Gonzalo Boye, sostiene en un escrito que “a lo largo de estos años” Macías “se ha ido pronunciando en contra de los intereses” del expresident “de forma manifiesta”. Además, añade que el hecho de que “sea amigo” del juez instructor del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, “no es criticable, ni mucho menos que lo reconozca en público”. “Pero sí es causa bastante para que sea apartado de estos procedimientos toda vez que los mismos se fundamentan en las vulneraciones de derechos fundamentales que esta parte atribuye, entre otros, directamente a ‘su amigo”, asevera.

“¿Qué garantía de imparcialidad hay cuando quien está llamado a decidir en un asunto calificó de nazis a los recurrentes y de ‘amigo’ a quien dictó la resolución impugnada?”, pregunta Boye en su escrito, en el que sostiene que “el nivel de involucración y alarmismo del recusado le llevó a afirmar que habrá muertes en Catalunya”. Por otra parte, el abogado de Puigdemont aseguró que existe una “guerra frontal” contra la aplicación de la amnistía.

Amnistían por primera vez a condenados fuera de Catalunya

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha amnistiado a cuatro condenados por resistencia y desórdenes públicos en una manifestación contra la sentencia del procés que tuvo lugar en Bilbao en octubre de 2019. El tribunal considera que “la responsabilidad criminal” de los encausados se extingue con esta ley, que alcanza a los actos “vinculados a la consulta celebrada en Catalunya el 9 de noviembre de 2014 y al referéndum del 1 de octubre de 2017”. Es la primera vez que se aplica esta ley fuera de Catalunya. Durante el juicio, que se celebró en abril, los procesados se enfrentaron a penas de hasta 2 años y 9 meses de prisión. Finalmente, tres fueron condenados a multas e indemnizaciones a los ertzainas heridos por resistencia a la autoridad y lesiones leves, y el cuarto fue condenado a seis meses de prisión.

El exministro Campo se abstiene en la deliberación

El magistrado del Tribunal Constitucional y exministro Juan Carlos Campo se ha abstenido del debate sobre todos los asuntos relacionados con la amnistía en el pleno, tal y como hizo con la cuestión de inconstitucionalidad del Tribunal Supremo. Así se recoge en el orden del día del Pleno que se celebrará la próxima semana, donde figura su abstención en los 16 recursos de inconstitucionalidad presentados por comunidades autónomas, y en las tres cuestiones de inconstitucionalidad restantes, todas del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).