JUSTICIA ‘PROCÉS’
Llarena ve un delito en la fuga de Puigdemont y pide investigar
Cuestiona el informe de los Mossos, y Parlon y Trapero prometen transparencia y colaboración. El expresident tilda al juez de “arbitrario” por no amnistiarle
El expresident Carles Puigdemont durante su fugaz regreso a Barcelona el 8 de agosto. - EFE
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena sostiene que los Mossos d’Esquadra no hicieron lo suficiente para arrestar al expresident Carles Puigdemont en su fugaz retorno a Barcelona el 8 de agosto, y ve posibles delitos en su huida. Todo ello mientras la consellera de Interior, Núria Parlon, y el director general de los Mossos, Josep Lluís Trapero, insisten en el “compromiso” y “transparencia” de la Policía catalana.
Llarena envió ayer a los juzgados de Barcelona los informes aportados por los Mossos y el ministerio de Interior sobre los operativos para arrestar al líder de Junts, y advirtió que su contenido “impide excluir la participación de otros responsables no aparentes en los delitos” de omisión del deber de perseguir delitos y encubrimiento. Quiere que se investigue si hubo personas implicadas en la huida del expresident, que habrían incurrido en los delitos de dejadez de funciones y encubrimiento. Tres mossos fueron detenidos por supuestamente ayudar a huir a Puigdemont.El magistrado, que no tiene competencias para investigar estos hechos, recuerda que el informe de los Mossos expresa “la dificultad de abordar la detención” del expresident “en la aglomeración de personas a la que se incorporó y pese a indicar la posible participación de tres individuos en la fuga”. Cree que “no refleja impedimentos para que el dispositivo policial pudiera abordar la detección” del expresident hasta el escenario donde dio su discurso. Entretanto, la Fiscalía se opuso a que se investigue al expresident Pere Aragonès, el presidente del Parlament, Josep Rull, y a la cúpula de Mossos, al no ver indicios de que dieran órdenes para impedir la detención. Se pronunció en relación con las querellas de Vox y la asociación Hazte Oír ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.Mientras, Parlon, y Trapero defendieron su “compromiso de transparencia y colaboración”, y afirmaron que “respetarán” cualquier resolución judicial. Por su parte, Puigdemont ha recurrido la decisión de Llarena de no amnistiar el delito de malversación por el que está procesado, y le acusó de una “grotesca arbitrariedad” por hacer una interpretación “contra reo” de la ley.
El Fiscal General pide apartar a un magistrado del Constitucional
El Fiscal General del Estado, Álvaro García-Ortiz, ha presentado un escrito de recusación contra el magistrado conservador del Tribunal Constitucional José María Macías en relación con la cuestión de inconstitucionalidad del Tribunal Supremo sobre la ley de amnistía. Aduce que en su etapa de vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Macías participó activamente en los debates y acuerdos contrarios a la ley, lo que afecta a su imparcialidad. La petición se enmarca en la batalla de recusaciones en el TC para conformar la mayoría que emitirá sentencia sobre la ley. El expresident Carles Puigdemont también ha pedido apartar a Macías.El pleno del TC aceptó la semana pasada la abstención a petición propia del magistrado y exministro de Justicia Juan Carlos Campo, del ala progresista, que se había pronunciado en contra de la amnistía.
