El Gobierno central desclasificará ahora los informes del CNI sobre los atentados del 17-A

El Gobierno dio ayer un paso más para intentar recabar el apoyo de Junts a los Presupuestos, en pleno tira y afloja por la senda de déficit, y se mostró dispuesto a desclasificar la documentación relativa a los atentados yihadistas de 2017 en Barcelona y Cambrils de agosto de 2017 que pueda obrar en manos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), aunque reitera que el espionaje español no tuvo nada que ver con esos ataques terroristas.

Así lo aseguran fuentes gubernamentales ante la reactivación de la comisión de investigación del Congreso relativa a esos atentados, donde se da por hecho que algunos grupos pedirán poder consultar la información sobre este asunto que se custodie en el centro que dirige Esperanza Casteleiro. Esta comisión, como las que versan sobre la Operación Catalunya y el espionaje con el programa Pegasus, nacieron en virtud del pacto que el PSOE alcanzó con ERC y Junts en agosto de 2023 para que hubiera mayoría progresista en la Mesa del Congreso, sin embargo todavía no ha empezado a caminar.Esquerra y Junts quieren centrar la investigación sobre los atentados en escudriñar el papel del CNI y la relación que tenía con el centro el entonces imán de la localidad barcelonesa de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, así como en los “fallos de coordinación” que achacan a las fuerzas de Seguridad y al ministerio del Interior en relación con el “cerebro” de la masacre. Es Satty fue uno de los terroristas que murió en la explosión registrada en la vivienda de Alcanar, un suceso que, según la sentencia dictada tras el juicio por estos hechos, llevó a los yihadistas supervivientes a improvisar el atropello masivo de LEs Rambles. Fue el excomisario José Manuel Villarejo quien alentó la idea de que el CNI podría estar detrás de aquellos atentados, para dar un “susto” al Govern independentista, dado que el espionaje español había mantenido contactos con Es Satty mientras había estado en prisión.Junts celebró el paso dado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Por su parte, el Govern de la Generalitat aseguró que es “positivo” que se cumplan con los acuerdos.

Sánchez esperará a los congresos de Junts y ERC para reactivar las cuentas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitió ayer que su Ejecutivo esperará a la celebración de los congresos de ERC (30 de noviembre) y Junts (25-27 de octubre) para reanudar el calendario de tramitación parlamentaria de los presupuestos generales del Estado para 2025. El presidente sitúa así una eventual aprobación de las nuevas cuentas a finales de año o ya a principios del que viene. “No hacemos política sobre el vacío, y deberemos esperar a los congresos de los socios parlamentarios que tenemos”, afirmó. El martes el Ejecutivo decidió retirar la tramitación de los objetivos de estabilidad –primera etapa para la elaboración de los presupuestos– para evitar una derrota parlamentaria y darse tiempo para seguir negociando con Junts. Esta decisión centró ayer la sesión de control al Gobierno. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, cargó contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quien reprochó la “insostenibilidad”del Gobierno y le preguntó si le “parece normal que el señor Cerdán –responsable de Organización del PSOE– se vaya con su mochila a Suiza a comprar votos con el dinero y la igualdad de todos los españoles para sacar una votación”. En su respuesta, Montero, recordó que el Congreso “ha aprobado la totalidad de leyes que ha llevado el Ejecutivo” y replicó que “quien está incapacitado para gobernar es el PP, porque no se puede ser una oposición que “perjudica a la mayoría social para favorecer los intereses de la minoría bajando los impuestos a los ricos o hablando mal de España en Europa”. Las críticas por la debilidad del Ejecutivo también llegaron desde Podemos, que lamentó que Sánchez haya sido “incapaz” de cuidar a la mayoría progresista. Por su parte, ERC recordó que la retirada del proyecto obliga a reabrir la negociación con ellos desde cero y avisó al Ejecutivo que no puede dar por sentado su “sí” a los objetivos de estabilidad si cambian. Mientras, Junts criticó al president del Govern, Salvador Illa, y a ERC por no defender los intereses de Catalunya. “Somos el único partido que no firmó un acuerdo de estabilidad”, afirmó su portavoz, Míriam Nogueras.

El techo de gasto que pide Junts restaría 12.000 millones al Estado

La condición de Junts para que las comunidades autónomas puedan disponer de un tercio del límite total del déficit, si el Gobierno quiere su “sí” a la senda de estabilidad, quitaría unos 12.000 millones de euros en capacidad de gasto a la Administración General del Estado que pasaría a manos de las autonomías, según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). El director de la entidad, Ángel de la Fuente, explicó ayer que la “contrapropuesta” de los de Carles Puigdemont aumenta al 0,8% el margen de gasto de las comunidades. En consecuencia, la Administración Central y la Seguridad Social tendrían que repartirse el 1,7% restante.