Siete años de las urnas y las porras

Golpes contra votos; Vergüenza y Dignidad; El Gobierno reprime el 1-O; 2017. Fueron algunos de los titulares que abrieron las portadas de la prensa catalana el día siguiente del referéndum soberanista, que en Lleida transcurrió, aquel 1 de octubre de hace siete años, entre porras y urnas. Hubo once cargas policiales (cinco en Lleida ciudad y seis en comarcas) que se saldaron con 123 heridos y, pese a todo, se emitieron en las comarcas de Ponent y el Pirineo 155.218 votos, la gran mayoría favorables (más de un 90%) a la declaración de un Estado independiente en Catalunya.

La noche había sido larga y lúdica para la mayoría. Decenas de leridanos la habían pasado custodiando cientos de urnas en los colegios electorales habilitados pese a las amenazas políticas y policiales.Y llegó la hora de abrir. Mientras en la mayoría de centros los votantes hacían cola y los Mossos se personaban para impedir la votación, por orden judicial, aunque evitando los altercados, Policía Nacional y Guardia Civil iniciaron las cargas. Fueron duras e intensas en la EOI de Lleida, en el CAP de Cappont o en la Mariola, además de en municipios como Ponts o Alcarràs. El saldo de los enfrentamientos ya es conocido pero mientras que el recuerdo de aquel 1-O sigue muy vivo la unidad del movimiento que lo impulsó se ha erosionado hasta alcanzar actualmente su peor momento.La convocatoria del referéndum llegó tras una sentencia del Tribunal Constitucional (2010) que dejó tocado el Estatut de Catalunya y cayó como una losa no solo entre la mayoría de la clase política sino también en la sociedad civil. Comenzó un ciclo de manifestaciones que llevaría a sacar a la calle a millones de catalanes emprenyats. También llevaría a la consulta del 9-N de 2014, declarada ilegal, y a la mayoría inependentista en el Parlament. En siete años se han celebrado en Catalunya tres elecciones al Parlament y las últimas, el pasado mayo, son las primeras en que las formaciones independentistas no han sumado para formar gobierno tras perder (entre Junts, ERC y la CUP) 15 escaños y quedar con 59 de 135. Esto ha posibilitado por primera vez desde 2010 un gobierno no soberanista liderado por el PSC. De aquel 1 de octubre de hace siete años quedan aún cicatrices. Las más plausibles son las de los cientos de represaliados por la acción judicial posterior al referréndum: 2.850 en Catalunya, 120 en Lleida. Primero fueron los indultos y, recientemente, la amnistía, que debe beneficiar en Lleida a 60 personas. La ley entró en vigor el 1 de julio y tres semanas después se hizo pública su primera aplicación en Lleida, que favoreció a un Policía Nacional acusado de agredir a Enric Sirvent (per página 5).

La mayoría de casos judiciales de Lleida, pendientes de resolver

La ley entró en vigor el 11 de junio. Desde entonces, los casos se han dado en cuentagotas en Lleida, donde se calcula que hay unos 60 afectados en total. El primer amnistiado fue un agente de la Policía Nacional acusado de agredir a Enric Sirvent –que sufrió paro cardiorrespiratorio– durante el referéndum. Otro caso es el de cuatro independentistas investigados por el intento de sabotaje de la Vuelta Ciclista en el Solsonès en 2023. Asimismo, la Fiscalía no se opone a amnistiar a 11 acusados por los altercados que hubo en la ciudad de Lleida el 15 de octubre de 2019 tras conocerse las condenas de los líderes independentistas, como avanzó SEGRE el sábado. En cambio, quien anunció que rechazaba ser amnistiado fue Pau Juvillà (CUP). Entre los casos que están pendientes se encuentran los de los exalcaldes Bernat Solé (Agramunt) y Miquel Serra (Alcarràs), la exmiembro de la Mesa del Parlament Ramona Barrufet y la exconsellera de Exteriores, Meritxell Serret.