Acuerdo para una nueva ley mordaza que acabará con el uso de pelotas de goma

PSOE, Sumar y Bildu han llegado a un acuerdo para redactar una nueva ley de seguridad ciudadana, la llamada ley mordaza, que, entre otras cosas, acabará con el uso por las fuerzas de seguridad de las pelotas de goma y rebajará la penalización de la desobediencia, que pasará de ser infracción grave a leve.

Así consta en el acuerdo al que ha llegado Bildu con los dos partidos que forman el Gobierno y que este jueves han hecho público sus diputados Mertxe Aizpurua y Jon Iñarritu.

Con este acuerdo se desbloquea la reforma de la ley mordaza, al presentar un nuevo texto que incluirá los cuatro aspectos que Bildu y ERC no lograron introducir en la anterior tramitación relacionados con las faltas de respeto a la autoridad; desobediencia y resistencia; devoluciones en caliente y, especialmente, el uso del material antidisturbios.

Tras años de trabajos en ponencia y bloqueos de la reforma, la ley que sustituirá a la actual, aprobada en 2015, tiene ya más visos de prosperar una vez que comience la tramitación de un texto que, según Bildu, incluirá lo ya acordado en estos años de negociaciones y las aportaciones de los diferentes grupos.

Respecto a las pelotas de goma, el acuerdo prevé una disposición adicional para que se desarrollen protocolos de acuerdo con los estándares internacionales a fin de que de forma progresiva se supriman del material antidisturbios las pelotas de goma y sean sustituidas por medios menos lesivos.

El acuerdo pretende también acabar con las sanciones "injustificadas o basadas en interpretaciones subjetivas" en las faltas de respeto a la autoridad. Con ello, se quiere "blindar" la libertad de expresión.

Así, se considerarán infracción leve "los insultos o injurias cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal".

Y añade: "Para entender cometida la infracción, deberá tratarse de expresiones relevantes, sin que pueda considerarse sancionable la sola disconformidad con un mandato legitimo o el ejercicio fundamental a la libertad de expresión. Asimismo, se dejará sin efectos la sanción cuando el sancionado acceda a retractarse o disculparse por sus expresiones." Sobre las faltas de respeto a la autoridad, pasará de considerarse infracción grave a leve.

Además, según justifican los promotores de la iniciativa, "se establece que la desobediencia debe ser manifiesta, clara y objetivable, y que será sancionable solo cuando esté ajustada a una orden legal, ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico, impidiendo la discrecionalidad sobre requerimientos y sanciones".

De este modo, el artículo correspondiente quedaría así: Será infracción leve "la desobediencia manifiesta y clara a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando se trate de la negativa a cumplir una orden legal o ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico y cuando no sea constitutiva de infracción penal".

También lo será "La resistencia a la autoridad o sus agentes utilizando oposición corporal cuando se trate de la negativa a cumplir una orden legal o ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico, y cuando no sea constitutiva de infracción penal".

Asimismo, se considerará infracción leve "la negativa manifiesta y clara a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes, o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación, y cuando no sea constitutiva de infracción penal".

Otro de los aspectos que incluirá el nuevo texto se refiere a las devoluciones en caliente, una disposición adicional que se incluyó en la ley de 2015.

Según el texto presentado este jueves, seis meses después de la entrada en vigor de la nueva ley de seguridad ciudadana se abordará la reforma de la Ley de Extranjería con una nueva disposición que "deberá reconocer y garantizar los derechos de las personas migrantes y asegurar que las solicitudes de asilo se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa de Derechos Humanos y protección internacional".

"En consecuencia -añade el texto acordado-, la certificación e identificación de las personas potencialmente solicitantes de asilo y la evaluación sobre su acceso a las solicitudes de protección internacional deberá realizarse en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos previamente al proceso de posible expulsión".

Durante la presentación del acuerdo, Aizpurua ha señalado que esta nueva ley recoge todos los acuerdos y avances logrados entre los diferentes grupos en la tramitación de la legislatura pasada, así como los aspectos que generaron el bloqueo".

Ahora se ha desbloqueado la situación "y logramos que la gran asignatura pendiente, terminar con la ley mordaza, vaya a hacerse realidad", ha expresado la portavoz de EH Bildu.

Para Aizpurua, el acuerdo logra "recuperar los derechos y libertades que el Partido Popular recortó y cercenó con la aprobación de la ley mordaza en 2015. Recuperamos así el respeto y protección de los derechos y libertades fundamentales y de la libertad de expresión y manifestación que durante tanto tiempo han sido recortados por la derecha".