SEGRE

JUSTICIA POLÍTICA

García Ortiz se reafirma al frente de una fiscalía dividida entre peticiones de dimisión

Una mayoría de la Junta de Fiscales apoya al Fiscal General, mientras que el Consejo Fiscal pide su cese. Moncloa considera que está “legitimado” para seguir en el cargo y afirma que no está imputado

Álvaro García Ortiz, flanqueado por el ministro de Justicia y el presidente del Senado en septiembre. - EUROPA PRES

Publicado por

Creado:

Actualizado:

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, reafirmó ayer, ante una carrera fiscal dividida, su voluntad de seguir al frente de la institución a pesar de haber sido imputado. Un día después de que el Tribunal Supremo (TS) abriese causa contra él por un posible caso de revelación de secretos en la causa del fraude fiscal contra el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el fiscal general convocó a la Junta de Fiscales de Sala (la cúpula de la carrera) y al Consejo Fiscal (principal órgano asesor) para explicar su decisión. García Ortiz fue el primero en intervenir en la Junta de Fiscales. Insistió en defender que no ha cometido ningún delito y aseguró que no filtró el correo electrónico que le atribuyen, sobre el que se basa la investigación del TS por supuesta revelación de secretos.

Fuentes del Ministerio Público señalaron que ocho de los treinta fiscales que participaron en la Junta reclamaron su dimisión, aunque otros miembros consultados del órgano elevan esta cifra a once. Además, aseguran que otros dos sugirieron que la renuncia sería lo mejor para la institución. Los cuatro fiscales del procés reclamaron a García Ortiz renunciar.Por la tarde, el Consejo Fiscal pidió al jefe del Ministerio Público dimitir al imponerse la mayoría de vocales de la conservadora Asociación de Fiscales y el de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Estas sostienen que su permanencia daña la reputación de la institución y su imparcialidad. Mientras, los vocales de la Unión Progresista de Fiscales plantean, por su lado, que su cese “sería un acto de irresponsabilidad que contribuiría al debilitamiento” de la institución.Entretanto, el Gobierno español salió nuevamente en defensa de García Ortiz, y afirmó que está “legitimado” para seguir al frente de la Fiscalía. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, aseguró que el fiscal general no está “imputado”, sino que se le ha abierto una investigación. En cambio, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, denunció ante el PP Europeo el “deterioro democrático” y la “urgencia vital” que, a su juicio, atraviesa España por los casos de presunta corrupción que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez, así como por la imputación del fiscal general. El PSOE acusó al PP de “manchar el nombre de España” en Bruselas.Más tajante se mostró Isabel Díaz Ayuso, que tildó de “caradura” a García Ortiz y aseguró que ha sido “imputado por obedecer a las obsesiones” de Sánchez con ella. “Son ustedes unos mafiosos y unos estalinistas trabajando contra el adversario”, zanjó.

Feijóo denuncia el caso ante el PP Europeo y Ayuso carga contra Sánchez y tilda de “caradura” a García Ortiz

El fiscal hace suyo el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que señala a Ábalos como pieza clave en la trama, y sostiene que los contratos adjudicados a la empresa vinculada a la red corrupta “se gestaron en un contexto marcado por la premisa de que Víctor de Aldama, con la acción permanente de Koldo García como intermediario, tenía un nivel de acceso prácticamente ilimitado a la esfera del ministerio, incluido el propio ministro”. Por todo ello, cree que hay indicios para imputar a Ábalos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.

Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción solicitó a la Audiencia Nacional que inadmita la querella presentada por el PP contra el PSOE por presunta financiación ilegal. Los populares emplearon el testimonio de un empresario anónimo que asegura que entregó 90.000 euros en la sede de los socialistas en Madrid. El posicionamiento de la Fiscalía no es vinculante. Por otra parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo ayer que no descarta que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se haya “beneficiado” indirectamente del fraude a Hacienda cometido por su pareja, Alberto González Amador, con la compra de mascarillas durante la pandemia, y le pidió que dimita.

Anticorrupción ve a Ábalos pieza clave del ‘caso Koldo’ y pide investigarle

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor del llamado ‘caso Koldo’, que active los trámites para que el Tribunal Supremo abra una investigación al exministro de Transportes José Luis Ábalos. Cree que tuvo “un papel principal” en este caso pues para que la adjudicación de los contratos a la trama “se desarrollara con éxito” tenía que estar “avalada” por el titular del ministerio. Asegura que “resulta difícil entender la operativa” desarrollada por el exasesor de Ábalos, Koldo García, y el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, “sin la participación” del entonces ministro.

Fiscalía dice que el TS usa argumentos políticos ante el TC contra la amnistía

La Fiscalía General del Estado ha remitido al Tribunal Constitucional (TC) un informe contrario a la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo (TS) contra la ley de amnistía. En el escrito, firmado por Álvaro García Ortiz, el Ministerio Público solicita que no se admita la cuestión de inconstitucionalidad por cuestiones formales o, si se acepta, se rechacen las cuestiones de fondo planteadas por el Supremo por no tener valor jurídico. De hecho, considera que el Supremo “no identifica con precisión los preceptos legales cuya constitucionalidad” cuestiona el propio Alto Tribunal, al que acusa de esgrimir “argumentos de traza netamente política”.

La inmunidad parlamentaria salva a Alvise Pérez del arresto

La Guardia Civil identificó el miércoles por la noche al eurodiputado ultra Luis Fernández Pérez, conocido como Alvise, por un requerimiento de un juzgado de León relacionado con un presunto delito de calumnias. Cinco agentes acudieron a una casa rural en Madrid, donde Alvise estaba con su abogado. El líder de Se Acabó la Fiesta replicó a los agentes que cuenta con protección judicial por su condición de aforado, y en un comunicado afirmó que los agentes se disponían a arrestarle. Por otra parte, el exministro José Luis Ábalos ha presentado una denuncia contra Alvise y el periodista Vito Quiles por publicar en redes sociales su número de teléfono.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE
tracking