JUSTICIA TRIBUNALES
Boye, arropado por la cúpula de Junts, en el juicio por blanqueo
Es uno de los acusados en la macrocausa contra el narcotraficante gallego Sito Miñanco. El partido de Puigdemont considera que se trata de una “causa política”
El macrojuicio por blanqueo de capitales contra el narcotraficante gallego Sito Miñanco y otras 45 personas y 5 empresas arrancó ayer en la Audiencia Nacional marcado, entre otras cosas, por la acusación contra Gonazalo Boye, abogado de Carles Puigdemont. La cúpula de Junts acompañó al letrado y afirmó que esta es una “causa política”. Boye también insistió en que el juicio contra él se basa en una acusación “totalmente especulativa”. El fiscal pide para el abogado 9 años y 9 meses de prisión más una multa de 2,7 millones por los delitos de blanqueo y falsificación de documento oficial.
El portavoz de Junts, Josep Rius, denunció “un montaje con claras motivaciones políticas”, y dijo que “todo el mundo sabe que este juicio no se celebraría si Boye no fuera abogado de Puigdemont”.
Gonzalo Boye, que ejerció de abogado de Miñanco, aportó registros migratorios para avalar su defensa, que se basa entre otros puntos en que no se reunió en Madrid con el narcotraficante gallego y el empresario Manuel Pedro González. Según los documentos oficiales, en las fechas en las que según la Fiscalía se habría producido esta cita, González estaba en Colombia. Además, un informe pericial confirmado por la Guardia Civil avala que Miñanco estaba en Algeciras y Marbella los mismos días. Con estos documentos, Boye intenta desmontar el relato de la acusación, después de su procesamiento por su presunta participación en el operativo orquestado con el objetivo de recuperar 889.620 euros que la Policía había incautado a miembros de la organización de Miñanco en el aeropuerto de Madrid en febrero de 2017. Según la investigación, los narcotraficantes habrían contactado con el abogado de Puigdemont y con otro letrado para que elaboraran documentos falsos que justificaran el origen legal del dinero. En el arranque del juicio, el jefe policial que coordinó la operación ratificó este punto y recordó que la investigación se inició en 2016 cuando observaron que Miñanco aprovechaba que se encontraba en régimen abierto en el centro penitenciario de Algeciras -donde cumplía una condena por otra causa de drogas- para retomar su actividad delictiva.