El Gobierno trata a contrarreloj de sumar apoyos a su reforma fiscal

La Comisión de Hacienda del Congreso consiguió, ya entrada la madrugada de ayer, salvar por la mínima el proyecto de ley que incluye un nuevo impuesto mínimo global del 15% a las empresas multinacionales y parte de su paquete de medidas fiscales, aunque se quedaron fuera la permanencia de los gravámenes a banca y energéticas. La aprobación llegó después de que Hacienda lograr un acuerdo in extremis con ERC, BNG y EH Bildu para prorrogar un año más el gravamen a las grandes energéticas vía decreto ley. Este requisito indispensable, negociado por las tres formaciones en el tiempo de descuento, choca directamente con otro pacto al que el Gobierno llegó con Junts y con el que está de acuerdo el PNV, para dejar caer dicho impuesto a las energéticas a final de este mismo año. Hacienda, que a escasas 24 horas de la votación en el Congreso para ratificar esta ley no cuenta aún con los apoyos necesarios, aclaró que el acuerdo con Junts pasa por “no gravar a las empresas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización”, lo que incluiría a las principales empresas energéticas. A este complejo puzzle se une también la posición de Podemos, cuya secretaria general, Ione Belarra, advirtió de que sus votos en el Congreso solo estarán disponibles si la reforma fiscal mantiene el impuesto a las eléctricas. Teniendo en cuenta este contexto, podrían ser determinantes los votos a favor de Coalición Canaria y del exdiputado socialista José Luis Ábalos. Fuentes del grupo socialista daban ayer por sentado el primero, pero no ponen la mano en el fuego por el segundo.

La negociación de las medidas fiscales ha generado tensión no solo con algunos de los socios parlamentarios habituales, sino también en el seno del Gobierno de coalición, dado que Sumar mostró su malestar por la manera en la que se ha llevado la negociación. La portavoz adjunta parlamentaria de Sumar, Aína Vidal, afirmó que al PSOE “a veces se le olvida que no tiene la mayoría absoluta” y cuáles son las prioridades al negociar, después de que no salieran adelante en comisión medidas pactadas con los socialistas como la eliminación del régimen fiscal de las socimis.

Quedan fuera la subida del impuesto al diésel y a las socimis

Las dificultades del Gobierno central para encontrar apoyos parlamentarios en fiscalidad hicieron que la Comisión de Hacienda decidiera excluir de su reforma fiscal varias medidas, como un aumento fiscal para equiparar la tributación del gasóleo no profesional con la gasolina, que costaría a los leridanos unos 40 millones de euros al año, la subida de impuestos a las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (socimis) o gravar la sanidad privada. Estas enmiendas pueden volver a debatirse y votar en el pleno del Congreso de mañana, pero dado los malabares que está llevando a cabo el Gobierno para intentar sacar adelante su plan fiscal no parece probable. Por contra, entre la enmiendas aprobadas en la comisión se incluyeron los impuestos al tabaco y los vapeadores o subir el IRPF para las rentas del capital superiores a 300.000 euros.