El Congreso de los Diputados aprueba el paquete fiscal con los votos de los socios de la investidura
El ejecutivo cuadra los equilibrios prometiendo un impuesto a las energéticas que no grabará la inversión en descarbonización
El pleno del Congreso de los Diputados.
El Congreso ha aprobado por 178 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV; BNG y CC) y 171 en contra (PP, Vox y UPN) el paquete fiscal que incluye la transposición de la directiva europea sobre una tasa mínima del 15% del Impuesto de Sociedades y la reforma del impuesto en la banca. La aprobación ha sido posible después de una negociación tortuosa en la que el PSOE ha ido cerrando acuerdos con Junts, Sumar, ERC, Bildu, BNG y finalmente este jueves con Podemos. Fruto de los acuerdos, la Moncloa impulsará la creación de un nuevo impuesto permanente a las energéticas, que es precisamente el elemento que ha enfrentado a Junts con el resto de socios, pero que –como reclama el grupo de Míriam Nogueras- no afectará a las inversiones que se comprometan con la descarbonización.
El ejecutivo español ha conseguido recuperar algunas de las medidas que habían quedado pendientes en comisión como la reforma del impuesto en la banca. La aprobación de una enmienda transaccional pactada entre PSOE, Junts y Sumar ha permitido incrementar del 6 al 7% el gravamen sobre los intereses y comisiones de las entidades bancarias con más de 5.000 millones en beneficios. Estos ingresos se repartirán entre las comunidades en función del PIB.
También han quedado incorporadas a la ley las modificaciones técnicas del Impuesto de Sociedades por los cambios que introdujo en 2016 el gobierno del PP y que fueron anuladas por el Tribunal Constitucional, así como un impuesto en los cigarrillos electrónicos, más gravámenes para el tabaco y un aumento de dos puntos, hasta el 29%, del tipo máximo de IRPF a las rentas de capital superiores a 300.000 euros.
Antes de la votación de este jueves, sin embargo, el gobierno español ha tenido que cuadrar acuerdos con todos los socios parlamentarios. El primero fue con Junts, que situó como línea roja que el texto no incorporara la prórroga del impuesto a las grandes energéticas porque a su entender comprometía inversiones de Repsol por 1.200 millones de euros en el Camp de Tarragona.
