Exfiscales y magistrados jubilados del Supremo presentan una querella contra Juan Carlos I por cinco delitos tributarios
Creen que no cumplió los requisitos en la regularización patrimonial que realizó en 2020 y 2021
El rey Juan Carlos en una imagen del pasado 5 de octubre.
Magistrados jubilados del Tribunal Supremo (TS) como Clemente Auger y José Antonio Martín Pallín y algunos fiscales anticorrupción también retirados, como Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, han hecho pública una querella criminal por cinco delitos fiscales contra el rey emérito Juan Carlos I. Según la querella adelantada por 'El País', los querellantes consideran que la regularización tributaria hecha por el anterior jefe del Estado los años 2020 y 2021 no cumple los criterios necesarios para la excusa absolutoria que se le dispensó para no declarar unos ingresos recibidos a través de una fundación presidida por su primo Carles d'Orleans.
La ley prohíbe expresamente una regularización fiscal si antes de producirse la Agencia Tributaria o la Fiscalía le han abierto una inspección o una investigación al contribuyente. Los querellantes consideran que el Ministerio Público informó al rey de que la investigación se abrió por la existencia de posibles infracciones tributarias, delitos que todavía no han prescrito.
En su querella como acusación popular, los juristas señalan que el rey emérito pagó más de 5 millones de euros en regularizaciones extraordinarias y cometió cinco delitos fiscales entre en 2014 y 2018 durante los cuales habría defraudado 3,5 millones de euros. "Desde junio de 2020, el rey emérito pudo conocer a través de los medios de comunicación detalles de la investigación abierta a la Fiscalía por cuestiones relacionadas con ingresos de Juan Carlos I procedentes del extranjero que supuestamente no habían sido declarados a Hacienda", agregan.
En un escrito de cerca de 20 páginas, los querellantes enumeran varias operaciones económicas posiblemente fraudulentas del emérito, como el pago de gastos particulares por parte de empresas u organizaciones diversas, así como el cobro de varios préstamos, sin declararlo a Hacienda debidamente.
La querella pide la declaración como investigado de Juan Carlos I, y la declaración como testigos de Álvaro de Orleans y Borbón, el abogado del emérito siempre que no afecte el secreto profesional, Arturo Fasana y Dante Canónica, asesores fiscales, y los representantes legales de varias empresas, bancos e instituciones como la fundación Zagatka o Viajes el Corte Inglés. Los querellantes piden que al rey emérito se le aplique la pena de prisión mínima, a causa de su edad, y la pena económica máxima.
