CASA REAL TRIBUNALES
Exjueces y exfiscales denuncian a Juan Carlos I por delitos fiscales
Acusan al emérito por cinco casos tras su abdicación, que no habrían prescrito
El rey emérito Juan Carlos I en una de sus últimas visitas a España.
Un grupo de magistrados y fiscales jubilados han presentado una querella contra el rey emérito Juan Carlos I por delitos contra la Hacienda Pública que podrían haberse cometido en las declaraciones tributarias correspondientes a los años comprendidos entre el 2014 y el 2018. La querella se interpone ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por considerar que existen elementos suficientes para constatar la existencia de delitos entre esos años. Los hechos denunciados se habrían cometido, presuntamente, después de la abdicación de Juan Carlos I, lo que supone la pérdida de la inviolabilidad que le han otorgado los tribunales al interpretar el texto constitucional.
Entre los querellantes están José Antonio Martín Pallín, exmagistrado jubilados del Supremo y exfiscales anticorrupción retirados como Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, además de periodistas y filósofos.
El objeto de la querella se centra en la existencia de cinco delitos contra la Hacienda Pública presuntamente cometidos por el rey emérito al estimar que los efectos de la regularización de la situación tributaria que se llevó a cabo en 2021 se han aplicado indebidamente. “Con todo el respeto que nos merece la institución de la Fiscalía General del Estado, en la que está integrada la Fiscalía del Tribunal Supremo, disentimos de su dictamen que considera que la regularización se efectuó correctamente”, señalan. Consideran que la regularización de más de 600.000 euros en un primer momento y posteriormente de otros 4,4 millones de euros no debió permitirse porque el rey emérito había recibido ya dos notificaciones previas y se le había ofrecido la posibilidad de personarse en el procedimiento.
Recuerdan que la opinión del Ministerio Fiscal no cierra la vía para exigir responsabilidades penales ante los tribunales de Justicia mediante el ejercicio de la acción popular. Señalan que dan este paso movidos por “la defensa del interés general” al entender que existen delitos contra la Hacienda Pública “que vulneran no sólo los preceptos del Código Penal sino también los principios de igualdad y de solidaridad, además de obligaciones legales y éticas exigibles especialmente a aquellas personas que ostentan cargos públicos de relevancia constitucional, en este caso la Jefatura del Estado”.
