FRANCIA TRIBUNALES
Fiscalía pide la pena máxima para Dominique Pelicot
Veinte años de cárcel por drogar y abusar de su esposa durante 10 años. También la ofreció para que la violaran 50 hombres
La Fiscalía pidió ayer 20 años de prisión, la pena máxima en Francia por el delito de violación, para Dominique Pelicot, por haber abusado durante 10 años de su esposa, a la que drogaba con somníferos y a la que ofreció a decenas de hombres para que también abusaran de ella.
La fiscal del Tribunal de Apelación de Aviñón (sureste de Francia) Laure Chabaud pidió esa pena máxima “con la mayor convicción”, y lo justificó por la psicología de Dominique Pelicot, al que describió como un hombre perverso, egocéntrico, perturbado, con múltiples desviaciones sexuales que quiso satisfacer sus deseos sin poner “ningún límite” y sin el consentimiento de la víctima.
Francia lanza un proyecto piloto para ampliar las pruebas de detección de la sumisión química
Dominique Pelicot, que reconoce los delitos que se le imputan, tomó miles de fotos y vídeos de las violaciones, documentos que se han convertido en la prueba clave para la acusación de los 51 hombres que se sientan en el banquillo, que pese a todo en su mayoría niegan haber cometido violaciones, con el argumento de que pensaban que la víctima estaba de acuerdo.
Pero el fiscal François Mayet quiso dejar claro desde el primer momento de su requisitoria que “Gisèle Pelicot fue reducida a un objeto. El consentimiento no estuvo presente ni antes ni durante el acto”.
En una primera reacción a la petición fiscal ante la prensa, la abogada de Dominique Pelicot, Isabelle Zavarro, dijo que esperaba que se solicitara la máxima pena, pero mostró su sorpresa por las motivaciones, en concreto por la descripción que se hizo de su cliente.
El principal acusado está imputado en otros dos casos de violencia de género, uno por la violación y el asesinato de una mujer en 1991 y el otro por una tentativa de violación con arma blanca en 1999.
Mientras, el Gobierno francés ha anunciado la puesta en marcha de un proyecto piloto para que el Estado asuma el coste de pruebas que permitan detectar posibles casos de sumisión química, un tipo de abuso de especial actualidad por el caso Pelicot.