POLÍTICA MEDIDAS
El PP ampliará los avales para la compra de viviendas
En las comunidades donde gobierna para que accedan menores de 40. El PSOE los acusa de vender medidas ya vigentes
La batalla entre el PP y el PSOE por el problema de la vivienda se intensificó ayer con el encuentro del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo y doce presidentes autonómicos de su partido para articular una alternativa al Gobierno en ese ámbito, mientras este prepara para el lunes un foro en el que se espera que Pedro Sánchez anuncie nuevas medidas. En un retiro celebrado en Asturias que acabará hoy, Feijoo y los presidentes de las comunidades gobernadas por el PP acordaron ampliar hasta los 40 años la edad para acceder a avales de la Administración en la compra de una casa, al tiempo que decenas de propietarios salían a la calle en varias ciudades para protestar por la inseguridad jurídica. Los presidentes autonómicos populares se coordinaron también para llevar a cabo algunas reformas legislativas dirigidas a que haya más suelo disponible para construir, más incentivos y menos burocracia, además de más seguridad jurídica en la vivienda de alquiler para incrementar la oferta. También pactaron modificaciones normativas frente a la ocupación, un problema contra el que hubo protestas en Madrid, Barcelona y otras ciudades.
Ante el plan del PP, la portavoz federal del PSOE, Esther Peña, insistió en que el Gobierno quiere convertir el derecho a la vivienda en “el quinto pilar del Estado del bienestar” y en que, mientras que para los socialistas la vivienda es un derecho, para el PP es “un bien con el que especular”. Peña acusó a Feijoo de “improvisar un ramillete de ocurrencias vacías y medidas que ya existen” y elogió la gestión de Salvador Illa en Catalunya, que “ha frenado hasta en un 5% el aumento del precios del alquiler” frente a la de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, que “beneficia especuladores salvajes”.
Denunciará la limitación de la acusación popular
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, aseguró ayer que su partido denunciará la propuesta de ley impulsada por el PSOE para limitar la acusación popular y suprimir el delito de ofensas religiosas, insistiendo en que esta proposición “tiene nombre y apellidos: la ley Begoña Gómez”, aseveró.