La vivienda como arma política

Los problemas que muchos ciudadanos tienen para acceder a la vivienda se han convertido este fin de semana en la última arma arrojadiza entre PP y PSOE en su continua batalla política. Los populares propusieron ayer diez medidas sobre vivienda que tiene intención de poner en marcha en las comunidades autónomas en las que gobierna “por la falta de respuesta del Ejecutivo central ante la emergencia existente”, a lo que el PSOE y Moncloa, que hoy tiene previsto celebrar un foro en ese ámbito donde se espera que Pedro Sánchez anuncie sus nuevas medidas, respondió advirtiendo que ese plan supone volver a la burbuja inmobiliaria de 2008 que “costó la ruina” a España. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció ayer el decálogo de políticas en materia de vivienda, pactado con las doce comunidades gobernadas por el partido, durante un retiro a puerta cerrada con sus presidentes autonómicos celebrado este fin de semana en un lujoso hotel de Colunga y que toma el nombre de “Declaración de Asturias”. Una “revolución fiscal”, según el PP, que, entre otras cosas, incluye la reducción del 10% al 4% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales a menores de 40 años para que los jóvenes “puedan adquirir una vivienda con un poco más de ayuda de la administración pública”. También ampliar a los 40 años la edad límite para acceder a avales hipotecarios que cubran el 100 % del precio de la primera vivienda, el desbloqueo automático de ley antiokupas, la derogación de la actual ley de vivienda, disminuir la burocracia en la tramitación urbanística o movilizar suelo público. “La emergencia en el acceso a la vivienda ya existe. Lo que no existe es un Gobierno que sirva para ofrecer soluciones. El PP sí las tiene y no vamos a esperar a ponerlas en marcha”, afirmó el líder popular.

La respuesta del Gobierno llegó de la mano del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien consideró que ese plan de vivienda del PP supone volver “al todo urbanizable de Aznar” y a una burbuja inmobiliaria como la que “costó la ruina” a España entre 2008 y 2015. También el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, salió al paso al recordar al PP que en las comunidades que han ejecutado la ley de vivienda, el precio de los inmuebles se ha controlado. Desde el PSOE, su secretaria de Política Económica y Transformación Digital, Enma López, instó a Feijóo, y a los barones populares reunidos en Asturias, a que “no se contagien de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y de sus políticas de vivienda”.

Las autonomías del PP bajarán del 10% al 4% el impuesto de transmisiones patrimoniales a jóvenes

Illa promete avances en los pactos este mismo mes

El presidente de la Generalitat, Salvadorll Illa, prometió ayer avance en los acuerdos alcanzados con ERC para su investidura y la de Pedro Sánchez, como son la quita del FLA, el traspaso de Rodalies y avanzar en financiación singular, este mismo mes, para intentar sortear el “no” de los republicanos a negociar los presupuestos de 2025. Así lo afirmó ayer en una entrevista al diario El País, en la que remarcó su intención de que la Generalitat recaude todo el IRPF en 2026. Con ello, criticó a “todos aquellos que practiquen una política deslealtad fiscal”, en alusión a varias comunidades autónomas gobernadas por el PP que han rebajado impuestos, e insistió en que no critica a un territorio o unos ciudadanos, sino una política, la haga quien la haga, textualmente. Illa, anunció que iniciará en Canarias este enero una ronda de visitas por las comunidades autónomas para explicar “su visión de España” y defender que que la financiación singular “no busca ningún privilegio para Catalunya”.Mientras, el portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, pidió que “ni la parsimonia de la Generalitat ni los cálculos políticos” de ERC demoren la entrada y puesta en marcha de medidas en materia de vivienda como el régimen sancionador para frenar los alquileres de temporada, que exigen para negociar las cuentas. “Más allá de que haya acuerdo o no en presupuestos deben aprobarse medidas sobre vivienda porque están en el acuerdo de investidura con el PSC”, defendió Cid.

La ley para limitar las acusaciones populares, otro punto de conflicto

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “imitar” al líder chavista venezolano Nicolás Maduro, al que calificó de “dictador”, y de cambiar la ley para que no juzguen a su familia. El líder de la oposición argumentó que la proposición de ley presentada por el PSOE para, entre otras cosas, impedir que los partidos ejerzan la acusación popular, se traduce en realidad en “indultos preventivos para que la familia del presidente no pueda ser juzgada en nuestro país”. En defensa de la proposición salió el ministro de Transportes, Oscar Puentes, que negó tal extremo y aseguró que “no hay que pensar en lo que le venga bien o no a Sánchez circunstancialmente, sino en lo que le venga bien a la democracia”.Por otro lado, Feijóo explicó que el acuerdo con sus barones incluye una petición al Gobierno central para que “asuma la atención y financiación directa de los migrantes menores no acompañados” de Canarias.