Junts y PP tumban el decreto ómnibus de Sánchez y frenan la subida de las pensiones

El Gobierno volvió a sufrir ayer un revés en el Congreso, donde PP, Vox y Junts sumaron sus votos para tumbar el decreto ley “ómnibus” aprobado en diciembre por el Ejecutivo y que, entre otras medidas, incluía la revalorización de las pensiones y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la prórroga de las ayudas al transporte público, la prohibición del corte de suministros básicos a personas vulnerables o las ayudas por la dana. Con esa votación, que contó con 177 votos en contra por 171 a favor, el decreto ley, que ya estaba en vigor, quedó derogado, y con él todas sus medidas.

La Cámara Baja también derogó, como ya estaba previsto, el decreto para establecer un gravamen a las empresas del sector energético en 2025, gracias a la oposición de PP, Vox, Junts, el PNV y UPN. De hecho, en el debate de la iniciativa, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya asumía que el decreto iba a caer, aunque alegaba que había hecho lo “humanamente posible” para intentar sacar adelante la tasa. El gravamen en cuestión supone una tasa sobre las empresas energéticas que ya se venía aplicando el año pasado y recaudó unos 1.100 millones de euros. A su vez, incluía bonificaciones para las empresas que inviertan en actividades “esenciales” para la transición ecológica.

El Congreso vuelve así a dar un nuevo revés al Gobierno de Sánchez, el primero de este año Junts y PP garantizaron su apoyo a revalorizar las pensiones a través de un nuevo decreto ley

El Congreso, sin embargo, sí convalidó el real decreto ley que reforma la jubilación parcial, demorada y activa, una votación que estaba garantizada gracias al apoyo del Partido Popular y que no se vio afectada por el rechazo de Junts. La norma, pactada entre sindicatos y patronal el pasado julio, tiene como principal objetivo facililtar la compatibilidad entre pensión y empleo para producir una salida menos brusca del mercado de trabajo.

Las Autoritats Territorials de la Mobilitat (ATM) de Girona, Lleida y Tarragona informaron ayer que mantendrán los actuales precios y bonificaciones del transporte integrado hasta que el ministerio de Transportes les comunique o publique la orden de anulación de las bonificaciones, que de manera general decaen hoy como consecuencia de la derogación del decreto ómnibus. En caso de que las bonificaciones del Estado –que eran del 30%– se anulen, las ATM confirmaron que mantendrán las ayudas que aporta la Generalitat, que son del 20%.

Transportes informó ayer que todos los descuentos del transporte público, que fueron prorrogados para los primeros seis meses del año, dejarán de aplicarse hoy mismo, incluida la venta de los títulos gratuitos de Renfe y de autobuses estatales. También decaen los descuentos de hasta el 40% que iban a aplicarse durante la segunda mitad del año, aunque los abonos gratuitos de Cercanías y Media Distancia ya emitidos se podrán seguir utilizando hasta abril. En cuanto a los descuentos al transporte gestionado por las comunidades autónomas o ayuntamientos, como autobuses urbanos e interurbanos o metros, también decaen, aunque la ATM ya ha confirmado que mantendrá las aportadas por el Govern catalán.

En cuanto a las pensiones, este mes de enero subirán un 2,8%, como estaba previsto, pero en febrero se verán recortadas si no se revierte la situación. En este sentido, el ministerio de Inclusión señaló que los pensionistas catalanes podría dejar de recibir hasta 536 euros anuales por la paralización de la revalorización. De igual manera, con la caída del decreto ómnibus, el salario mínimo interprofesional (SMI) volverá a la cifra de 2023, que era de 1.080 euros al mes en 14 pagas, debido a que también incluía la prórroga del alza del SMI de 2024.

Con todo, tanto PP como Junts afirmaron que están dispuestos a dar apoyo tanto a la bonificación del transporte como a la revalorización de pensiones “hoy mismo” si el Gobierno los tramita “como un decreto ley” sin incluir en él otras medidas. De hecho el PP ya ha lanzado su propia iniciativa para aprobar la subida de las pensiones y ha pedido al Gobierno su apoyo.