La pensión de los leridanos podría verse recortada unos 32€ al mes a partir de febrero

El veto del PP y Junts en el Congreso al decreto ómnibus impulsado por el Gobierno, que entre otras medidas incluía la revalorización de pensiones, podría costar a los pensionistas leridanos unos 32 euros mensuales de media o unos 440 anuales. Si no se impulsa una nueva medida que revierta esta situación, las prestaciones subirán un 2,8 por ciento en la nómina de este mes de enero, puesto que la norma estuvo en vigor hasta ayer, pero en febrero se verán recortadas al nivel de 2024, según informó el ministerio de Inclusión. En diciembre la pensión media en la demarcación se situó en los 1.137,53 euros. Según apuntó la diputada del PSC por Lleida, Montse Mínguez, un total de 101.692 pensionistas leridanos se verán perjudicados debido a esta situación.

Por el momento, el Gobierno no tiene intención de aprobar de forma inmediata un decreto que palíe los efectos del rechazado en la Cámara Baja, que incluía, además de la subida de las pensiones, otras medidas como la renovación de las ayudas al transporte (más información en página 3). El Ejecutivo carga la culpa de esta situación al PP, y en menor medida a Junts. “Creo que el Gobierno ha hecho su trabajo; ha presentado un decreto ley que ha trabajado con todos los grupos, que acordó con la mayoría parlamentaria en el Congreso y lo que le pediría a los grupos que votaron en contra, particularmente al PP, es que reconsidere esta oposición destructiva que causa dolor social”, aseveró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En la misma línea, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó que el rechazo del decreto convierte a los ciudadanos “en rehenes” de una “oposición destructiva”, pero aseguró que el Gobierno seguirá dialogando con el propósito de garantizar el bienestar de la mayoría social.

Los socios de Sánchez le piden impulsar un nuevo decreto que incluya la subida de las pensiones

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, contestó a estas declaraciones acusando al Gobierno de emplear a los pensionistas como “rehenes” y “escudos humanos” y de intentar “engañar” al responsabilizar al PP de la caída del decreto ómnibus. “La posición del PP es conocida: sí a la subida de las pensiones, no a regalar privilegios e inmuebles a sus aliados nacionalistas; sí a bonificar el transporte, no a la subida de la luz y de los alimentos a través del IVA”, aseveró.

En este cruce de reproches intervino también el presidente de Junts, Carles Puigdemont, que acusó a los socialistas y a sus socios de propagar fake news al presentar a su partido como “contrario al aumento de las pensiones y a los descuentos en el transporte público”. Además, el secretario general de Junts, Jordi Turull, anunció que su partido presentará una propuesta para la revalorización de las pensiones y ayudas al transporte si el Gobierno no aprueba ya un nuevo decreto con estas medidas. Socios de investidura de Sánchez como ERC y BNG también solicitaron al Ejecutivo aprobar ya un nuevo decreto con las medidas sociales y económicas tumbadas. Y es que el veto al decreto ómnibus, el SMI deja de ser de 1.134 euros al mes por catorce pagas y vuelve a la cifra de 2023, que era de 1.080 euros mensuales, puesto que también incluya la prórroga de su aumento. Ante esto, el ministerio de Trabajo dictó una instrucción para que no se pueda pagar un SMI inferior a los 1.134 euros al mes en las nuevas contrataciones.

Mientras, CCOO y UGT han convocado movilizaciones el 2 de febrero en toda España para expresar su rechazo al “oportunismo político” que ha llevado a la caída del escudo social.