POLÍTICA ECONÓMICA
ERC votará a favor de la prórroga presupuestaria de la Generalitat
Pero deja en el aire el apoyo a futuros decretos de ampliación del crédito. El Govern admite necesitar cien inspectores más para aplicar las sanciones en vivienda
La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, anunció ayer que su grupo votará a favor de la prórroga presupuestaria de la Generalitat en el pleno de esta semana en la Cámara catalana. Esto permitirá al Executiu de Salvador Illa tirarlo adelante, después de haber cerrado también el apoyo de los Comunes. “No jugaremos a poner en riesgo el sector público que garantiza derechos y libertades al conjunto de los ciudadanos”, afirmó Capella, que defendió que la prórroga presupuestaria sirve para mantener inversiones en infraestructuras o en centros científicos, entre otros ámbitos. Sin embargo, dejó en el aire el posicionamiento sobre los decretos de ampliación de crédito. La republicana defendió que esto dependerá de si el PSC cumple los acuerdos ya firmados por la investidura de Illa. El cumplimiento está ahora mismo “muy verde” y ya ha hecho que Esquerra rechace negociar los presupuestos del Gobierno para el 2025. Capella también avisó de que su formación votará en contra del decreto que elimina el régimen sancionador a los ayuntamientos por exceder el consumo máximo de agua en sequía.
La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, agradeció a ERC su voto a favor de la prórroga de las cuentas y también celebró la aprobación del régimen sancionador de la ley de vivienda pactado con los Comuns porque establece una “relación justa” entre arrendador e inquilino. Sin embargo, admitió que la Generalitat necesitará entre 75 y 100 inspectores más para poder aplicar estas multas, que en los casos más graves podrían alcanzar los 900.000 euros. No quiso fijar un calendario para la incorporación de estos trabajadores porque aseguró que dependerá de si el Executiu puede aprobar suplementos de crédito a los presupuestos prorrogados. El régimen sancionador entra en vigor hoy mismo y el contenido de los anuncios y las ofertas de alquiler tienen 5 días para adaptarse al contenido del decreto, que aún debe convalidarse en el Parlament. La norma considera infracciones muy graves fijar un alquiler superior al 30% de lo que marca el Índice de Referencia, no hacer constar la finalidad del contrato o que sea fraudulento, así como cargar gastos de gestión al inquilino.