El Gobierno aprueba la reducción de jornada, sin apoyo para ratificarse en el Congreso

El Consejo de Ministros dio ayer el primer paso para reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales aprobando la medida en forma de anteproyecto de ley. La propuesta, que ahora deberá negociarse con los partidos, no tiene garantizados aún suficientes apoyos para salir adelante en el Congreso de los Diputados, ya que Junts ya ha dejado claro que va a priorizar la realidad de las pymes catalanas a la hora de encarar la medida.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que calificó el día de ayer como “histórico”, apeló a todos los partidos a negociar la medida para que pueda salir adelante y aprobarse lo antes posible. “Cuando una medida está ganada en la calle es muy difícil buscar razones para tumbarla”, afirmó la ministra, que confió en que tanto Junts como el Partido Popular termine dando su visto bueno a la reducción de jornada. En este sentido, Díaz apuntó que el acuerdo beneficiará especialmente a Catalunya, donde afirmó que hay más de dos millones de personas que trabajan por encima de las 37,5 horas actualmente.

El Ejecutivo confía en poder aprobar la medida antes del verano, para que entre en vigor a finales de año El Gobierno ve cerca un acuerdo con Junts para el traspaso de competencias en inmigración

La medida fue rubricada en diciembre entre Díaz y los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez. En ese momento, ya se fijó que los convenios colectivos tendrían de plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptarse al nuevo tope. El pacto, sin embargo, se cerró sin el apoyo de la patronal, que anunció que se descolgaba de la negociación hace un mes. Los empresarios defendieron en los once meses de negociación que esta cuestión debía negociarse en los convenios colectivos y no con una ley de aplicación generalizada. De hecho, tanto el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, como el presidente de ATA, Lorenzo Amor, avisaron a la titular de Trabajo que trasladarán a los grupos parlamentarios su negativa a que se rebaje la jornada laboral, asegurando que esta rebaja tendría un coste para las empresas a nivel estatal de entre 21.000 y 24.000 millones de euros. “Nosotros estamos dispuestos a que haya una reducción de jornada, evidentemente, estamos totalmente dispuestos, pero haciéndolo sector a sector, territorio a territorio”, afirmó Amor, que advirtió de que esta medida “no va a castigar a las grandes empresas”, sino que “dañará muy sensiblemente es a los autónomos” y a las pequeñas empresas que tienen uno, dos o tres trabajadores. En términos similares se pronunció el secretario general de Pimec, Josep Ginesta, que advirtió de que es un “error” promover una reducción de la jornada laboral que vaya al margen de la negociación colectiva.

El anteproyecto de ley para la reducción de la jornada laboral recoge además el derecho a la desconexión digital, para que se respete el descanso y la propia intimidad de los trabajadores frente al uso de los dispositivos de videovigilancia y geolocalización, sin que ello conlleve consecuencias negativas, represalias o trato menos favorable y multas de entre 1.000 y 10.000 euros por incumplir la medida.

La Mesa permite que se debata la cuestión de confianza a Sánchez

La Mesa del Congreso acordó ayer admitir a trámite la proposición no de ley de Junts que insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza, y que será debatida por el pleno el 25 de febrero o el 11 de marzo. Esta decisión del máximo órgano de gobierno de la Cámara Baja hará que, a cambio, los siete diputados de la formación que lidera Carles Puigdemont apoyen en el Congreso el nuevo decreto aprobado por el Gobierno para salvar destacadas medidas del decreto ómnibus, como la revalorización de las pensiones. La Mesa, que llegó a paralizar hasta en dos ocasiones la tramitación, la ha aceptado después de que Junts accediera a retorcarla para dejar claro que la cuestión de confianza es una prerrogativa del presidente del Gobierno y reconocer que se trata solo de una iniciativa política que no vincula jurídicamente al Ejecutivo. Por eso, en vez de pedir a Sánchez que plantee una moción de confianza, le insta a considerar la oportunidad de hacerlo, a sabiendas de que no lo hará, como ya dejó claro la semana pasada.Las negociaciones entre el Gobierno y Junts también siguen avanzando en otras cuestiones. Según señaló ayer la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, el pacto con los de Puigdemont sobre la delegación de competencias en materia de inmigración a Catalunya es una cuestión que está “bastante avanzada” y aseguró que el acuerdo estará bajo el paraguas de la Constitución. Junts aspira a poder dotar a los Mossos d’Esquadra de facultades de control de fronteras, expedición del Número de Identidad de Extranjero (NIE) y competencias en los procesos de expulsión de inmigrantes que se encuentren en situación irregular o que sean reincidentes. El principal escollo para cerra el acuerdo es la delegación de competencias en el control de las fronteras.

La subida de las pensiones se votará el próximo miércoles

El Congreso ha fijado para el próximo miércoles día 12 el debate para la convalidación o derogación del decreto ley ómnibus con la revalorización de las pensiones, la prórroga de las ayudas al transporte o la cesión de un palacete en París al PNV, entre otros puntos, y que apoyarán PP y Junts pese a haber votado en contra de una norma similar hace apenas dos semanas. En concreto, el decreto incluye la subida del 2,8% de las pensiones contributivas y de clases pasivas y del 6% para las mínimas, mientras que para las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital el aumento será del 9%. La norma recoge también la aplicación de la cuota de solidaridad, el aumento de las bases máximas de cotización, la subida de la pensión máxima hasta los 3.267,6 euros al mes y el aumento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Asimismo, se incluye la prórroga de las ayudas al transporte público hasta junio.