EUROPA
Bruselas avala enviar a inmigrantes a campos de deportación externos
Abraza el modelo Meloni y propone “unificar” el proceso de retorno en toda la Unión. Establece líneas rojas como que la orden de expulsión sea definitiva
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. - PHILIPP VON DITFURTH / DPA
La Comisión Europea ha ofrecido finalmente a los gobiernos europeos el encaje legal necesario para replicar el modelo del Gobierno italiano de Georgia Meloni para externalizar los centros de deportación a terceros países, si bien Bruselas establece una línea roja para que ningún migrante sea trasladado a esas instalaciones fuera de la Unión Europea hasta que se haya dictado una orden definitiva de expulsión.
“Debemos ser firmes y asertivos en nuestro planteamiento, sin dejar de ser fieles a los valores europeos de justicia y derechos fundamentales”, defendió ayer la vicepresidenta de Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, al presentar los detalles de la propuesta de Bruselas, que debe ser aún negociada entre los Veintisiete y la Eurocámara antes de ser adoptada.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ya prometió en diciembre a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE que buscarían la “mejor manera de introducir en el marco jurídico” el establecimiento de los ‘hubs’ en países terceros, teniendo en cuenta tanto su dimensión legal como la operativa y financiera, “respetando al mismo tiempo los derechos fundamentales”. Este formato fue defendido por una gran mayoría de países como una “solución innovadora” para acelerar los retornos, aunque algunos como España dejó claro que no ve con buenos ojos esta opción, por dudas sobre su eficacia y su legalidad.
En este contexto, Bruselas establece varias líneas rojas que diferenciarán el modelo que Meloni ha acordado con Albania pero que la Justicia italiana ha paralizado en varias ocasiones por transferir a este centro de retención a migrantes recién rescatados en alta mar, sin llegar a tramitar sus peticiones de asilo en Italia.
La propuesta afirma que el sistema deberá incluir “fuertes condiciones de protección” para los retornados, por ejemplo que exista una orden de expulsión definitiva y que los acuerdos “bilaterales o a nivel europeo” para establecer los centros de deportación solo puedan firmarse con países que “respetan los estándares internacionales” en materia de Derechos Humanos y Derecho internacional.
