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Las administraciones tienen que justificar cada céntimo que gastan. Nada que objetar: hay que ser extremadamente escrupulosos cuando se maneja dinero del erario público. Ahora bien, los imprescindibles sistemas de control que se establezcan no deben perjudicar a la ciudadanía. Mariano José de Larra publicó en la primera mitad del siglo XIX su célebre Vuelva usted mañana, una crítica mordaz a la burocracia. Y aquí seguimos 190 años después. La famosa ventanilla única no se ha abierto nunca y los trámites oficiales siguen siendo un suplicio. Recientemente la escritora y periodista Llucia Ramis denunciaba la carrera de obstáculos que supone para una autónoma como ella aceptar un encargo de cualquier administración, por pequeño que sea. Y explicaba que aunque se facturen solo 150 euros por moderar una mesa redonda, recibe un tutorial sobre los trámites a seguir, porque ni siquiera están unificados los criterios y las plataformas con las que trabajan ayuntamientos, diputaciones o el Govern de la Generalitat. De hecho, las propias instituciones están atrapadas en esta maraña de papeleo. Ayer explicábamos que cinco pueblos de menos de 2.000 habitantes de las comarcas de Lleida se han quedado sin ayudas para pagar a sus alcaldes. El departamento de Presidencia ha rechazado las solicitudes de Canejan y Cava por no presentar documentos a tiempo, y las de Abella de la Conca y Bovera, por no atender a requerimientos para corregirlas. Además, se ha desestimado la petición de Granyanella porque supera el límite de ingresos, lo que el consistorio atribuye a un error contable. Han recurrido y no peligra el abono de salarios, ya que se pueden pagar con las arcas locales, pero esta pintoresca situación pone de manifiesto que los pequeños ayuntamientos están sometidos a una presión burocrática que no tiene en cuenta su realidad ni, por supuesto, el personal especializado disponible para hacer este tipo de trámites. Esta misma administración que exige tanto a sus ciudadanos da un ejemplo pésimo. Para muestra, el botón de Educación. Una de las novedades de este curso es que todos los centros debían designar a una persona coordinadora de coeducación, convivencia y bienestar emocional, según marca una normativa estatal. Estos cargos comportan un complemento de 60 € brutos mensuales por este trabajo. Todos los centros los designaron y en pleno proceso de formación de estos docentes el departamento de Educación ha informado por teléfono a las direcciones de que no hay dotación presupuestaria para abonar este suplemento, por lo que se recomienda nombrar coordinador a un profesor que ya ocupe algún cargo en el centro, como tutor o jefe de departamento, tareas por las que ya se percibe un complemento. Sin duda, poco riguroso.

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