‘Mea culpa’ imprescindible

“La Iglesia es a la vez santa y siempre necesitada de purificación.. Todos los miembros de la Iglesia, incluso sus ministros, deben reconocerse pecadores”. Este fragmento del Catecismo lo hizo servir ayer el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, para lamentar los abusos sexuales en la Iglesia y sus secuelas desvelados en el contundente y demoledor informe hecho público el viernes por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, según el cual 445.000 españolas y españoles (quince de las comarcas de Lleida), el 1,13 del total de la población adulta, han sufrido vejaciones por parte de miembros del clero desde los años 60 hasta la actualidad. “No nos cansaremos de pedir perdón a las víctimas y trabajar por su sanación”, dijo Omella, el día después de que trascendiera el contenido del informe, pero también matizó que “algunos medios de comunicación manipulan los datos”. Las contradictorias palabras del presidente de los obispos contrastan con la actitud de acogida y agradecimiento de otros colectivos confesionales como los jesuitas o Escuelas Católicas, que pusieron en valor la tarea llevada a cabo, por mandato del Congreso, por el organismo presidido por Ángel Gabilondo, quien reconoció que “no todos los obispos han colaborado e incluso alguno nos ha reñido”. Sin embargo, otros sectores mucho más conservadores arremetieron contra lo que consideran una persecución contra la Iglesia. Ante este panorama, es necesario esperar a mañana, cuando la Conferencia Episcopal Española celebrará una asamblea plenaria extraordinaria para estudiar el informe del Defensor del Pueblo, una convocatoria que es totalmente excepcional dada la urgencia con que se ha fijado pero no es de extrañar ya que, según los datos que han salido a la luz, España es el Estado con la proyección oficial de afectados más alta por lo que se refiere a este tipo de abusos. De este encuentro de los obispos es de esperar que salga un mea culpa sin matices porque el escándalo es de unas proporciones descomunales con una respuesta de la Iglesia hasta ahora “insuficiente y dilatoria”, según Gabilondo, que también criticó conductas habituales como el traslado de personas abusadoras a otras parroquias, centros docentes o incluso a otros países. Con el fin de mitigar el daño causado por estos abusos, el informe propone crear un fondo estatal para el pago de compensaciones, al estilo de los que se han establecido en otros países como Alemania, Francia o Estados Unidos, donde, por ejemplo, las diócesis del país destinaron 95,9 millones de dólares el año pasado a acuerdos y 6,3 millones a otras compensaciones a víctimas. Con el dinero que se estipule no se va a resarcir un daño irrecuperable, pero, al igual que con las disculpas, puede mitigar las horribles secuelas que arrastran y arrastrarán los cientos de miles de víctimas.