Los móviles en la niñez y la adolescencia

El número de familias que quieren retrasar la compra del primer móvil a sus hijos no para de aumentar a cada minuto que pasa. Así se ve reflejado en la página del grupo de Telegram Adolescència lliure de mòbil, creado hace tan solo tres días, en el que miles de madres y padres se han unido para aplazar, de manera consensuada, la entrega del smartphone hasta los 16 años. Este grupo es el que aglutina más adeptos, pero no el único. Ya se han creado grupos de WhatsApp y Telegram para cada distrito de la ciudad de Barcelona, así como en localidades fuera de la ciudad como Sant Cugat, Cardedeu o Sant Feliu de Llobregat, entre otros. El interés ha traspasado la provincia de Barcelona y ya existen las mismas iniciativas en otras zonas geográficas como Girona y Lleida. Es sin duda un tema complicado de resolver porque no se puede hacer una norma general ni prohibir su compra a los padres que no comparten esta necesidad, pero sí que es muy interesante, necesario y casi obligado abrir de una vez este debate porque el acceso libre a contenidos de adultos está marcando la niñez y adolescencia de muchos niños y niñas y el resultado de esta dependencia, mimetismo de las redes y hábitos insaludables sociales y sexuales, puede marcar el futuro de varias generaciones, y no para bien precisamente. 

Condicionar la investidura

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, acusó ayer al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de prevaricar y querer “condicionar” las negociaciones de investidura al incluir al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en sus investigaciones sobre Tsunami Democràtic. “Aquellos a quien les toca impartir justicia, algunos, no todos, buscan no solo condicionar negociaciones políticas sino castigarlas, prevaricando”, aseguró Plaja, a la que no le falta razón. El Consejo General del Poder Judicial lleva mucho tiempo intentando conseguir con las togas objetivos políticos que les niegan las urnas y esto es una intromisión en la separación de poderes. A quien corresponde redactar las leyes es al Gobierno y refrendarlas al Parlamento, donde reside la soberanía de un estado democrático. La Justicia ha de aplicar estas leyes. La interlocutoria de la Audiencia Nacional ordenando investigar al President Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por terrorismo en Tsunami e incluir en el proceso la muerte de infarto de un turista francés en el aeropuerto de Barcelona es inusitado y responde más a la llamada que hizo José María Aznar a oponerse por tierra, mar y aire a la investidura que a la obligación de impartir justicia que se le presupone a este órgano, que debe ser neutral