Toca hacer reset

Más allá de los titulares, lo más relevante del acuerdo alcanzado ayer por PSOE y Junts probablemente sea el preámbulo, en el que los dos partidos analizan el contexto histórico. Explican que Catalunya vive una situación anómala desde 2010, ya que es la única comunidad autónoma que no tiene un estatuto refrendado por sus ciudadanos. Ese año el Tribunal Constitucional dictó una sentencia en la que anuló parte de un Estatut aprobado en el Parlament, el Congreso y en referéndum, las tres exigencias que establece la Constitución para cualquier norma estatutaria. A raíz de aquí se produjeron los hechos por todos conocidos: una parte importante de la sociedad catalana, sobre un 50%, plantea su deseo de independizarse, y esa parte ha obtenido varias mayorías absolutas consecutivas a lo largo de los años del denominado procés. Desde el gobierno español, en manos del PP desde 2011 hasta 2018, se negó cualquier posibilidad de que los catalanes se pronunciaran sobre su autodeterminación, desde la cesión de competencias para organizar un referéndum hasta la celebración de una consulta con una ley catalana. En lugar de eso, el gobierno central implicó a la justicia en un problema que era, y es, evidentemente político, y eso se tradujo en numerosas causas que han llevado a políticos a la cárcel y al exilio. El reconocimiento de este relato por parte del partido que muy probablemente estará de nuevo en el gobierno a partir de la próxima semana es un salto cualitativo. Las diferencias entre PSOE i Junts son enormes: el primero propone hablar de un referéndum sobre una propuesta que profundice el Estatut de 2006 y el segundo, de una consulta sobre la independencia; el primero quiere negociar una financiación singular para Catalunya y el segundo, la gestión integral de todos los impuestos de los catalanes; el primero niega validez al 1 de octubre y el segundo la reivindica… Pero el marco que se relata en los antecedentes históricos del pacto supone un reset que puede dar vía, al fin, a la ubicación en la política de un conflicto que jamás debió alejarse de ella. Los dos partidos han obtenido garantías de buena voluntad cobrándose por adelantado: en el caso del PSOE, con la investidura de Sánchez la próxima semana; en el de Junts, con la aprobación de una ley de amnistía que será presentada probablemente el próximo lunes. Todo seguirá en manos de los jueces, que determinarán quién entra en la amnistía y quién no, pero de momento parece que hay un reconocimiento mutuo y se ha pactado una verificación internacional. ¿Que la ley de amnistía provocará reacciones como las de estos días ante la sede de Ferraz? Por supuesto, pero al final tiene que imponerse la realidad de una democracia que, no lo olvidemos, se sostiene sobre otra amnistía, la de 1977, que perdonó crímenes –aquellos sí– reales y crueles como los de la dictadura franquista.