Protestas legítimas contra un Gobierno legítimo

Las protestas contra la amnistía de los últimos días son tan legítimas como lo será el gobierno de coalición que saldrá de la investidura de esta semana, probablemente el jueves. El límite para estas protestas es la violencia en la que han incurrido algunos ultras ante la sede socialista en Madrid. El límite de la ley de amnistía son los derechos humanos reconocidos en los convenios europeos firmados por España. Estos convenios solo establecen una línea roja para el derecho de gracia: los delitos de lesa humanidad, que no pueden ser amnistiados. Todos los demás sí, y hay ejemplos recientes en Francia, el Reino Unido o Portugal. Todas las leyes que salen del Congreso tienen presunción de constitucionalidad mientras el Tribunal Constitucional no diga lo contrario, y este organismo es el único que puede decirlo. Por lo tanto, mientras el TC no se pronuncie la ley será tan legítima como el gobierno de coalición que la ha preparado, que suma, junto a las formaciones que secundan la investidura, una mayoría absoluta que representa a 1,5 millones de votantes más que los que votaron a PP y Vox. Estas son las reglas de la democracia y hay que respetarlas, sobre todo los organismos que representan a uno de los poderes del Estado. No es de recibo que el Consejo General del Poder Judicial, aprovechando una mayoría conservadora que no debería detener desde hace 5 años porque los cargos están caducados, se pronunciará contra una ley que nadie conocía. Tampoco lo es la reacción de asociaciones de jueces y fiscales contra el concepto de lawfare, que puede ser más o menos afortunado, pero si no hay actuaciones judiciales con motivaciones políticas se demuestra con hechos, no con palabras. Puede que sea inconstitucional que la ley de amnistía determine que sea una comisión parlamentaria la que decida a quién afectará y a quién no, ya que eso puede atentar contra la separación de poderes al ser una competencia exclusiva de los jueces, pero este es un extremo que debe determinar el Tribunal Constitucional, que tiene, este sí, una mayoría acorde con la parlamentaria que le da una legitimidad que el Consejo General del Poder Judicial no tiene desde 2018, y eso sí que es sin lugar a dudas inconstitucional.Comprar el silencioLa Iglesia pagó a víctimas de abusos sexuales a cambio de su silencio. Es el dato más estremecedor de la entrevista que publicó ayer este diario al catedrático Josep Maria Tamarit, uno de los autores del informe del Defensor del Pueblo, un organismo que ha hecho un buen trabajo. Ahora toca al Congreso tomar decisiones, y quizás debería plantearse la revisión de los acuerdos con la Santa Sede que han privilegiado a la Iglesia católica durante décadas