Empadronamiento de okupas en Lleida

El gobierno de la Paeria ha decidido poner fin al protocolo aprobado por el ejecutivo del mandato pasado que permitía el empadronamiento automático de okupas en la vivienda en la que residen de forma irregular. Según publicó ayer este diario, entrará en vigor de forma inmediata y deja sin efecto el anterior, que data de febrero de 2021. Ahora se incluye la obligatoriedad de efectuar un trámite de audiencia al propietario de la vivienda en la que se quiere empadronar un ciudadano sin disponer de título jurídico. 

Es decir, a partir de su vigencia cuando un okupa acuda a la Oficina Municipal de Atención Ciudadana a empadronarse, o bien haga el trámite de forma telemática, además de consultar a los servicios sociales si conocen dónde vive, se informará al titular del piso para que conozca la situación y pueda presentar alegaciones y ejercer sus derechos de propiedad. El objetivo de este cambio es controlar y evitar en la medida de lo posible las okupaciones ilegales de viviendas y adaptar mejor la normativa de empadronamiento a una resolución del Instituto Nacional de Estadística de 2020. Cuando el gobierno de ERC, Junts y Comú aprobó la normativa para permitir el empadronamiento de okupas, el grupo del PSC, entonces en la oposición, ya manifestó su rechazo e incluso recurrió la normativa al contencioso-administrativo. Después, la Fiscalía interpuso un recurso de reposición. En 2020 en Lleida hubo 6.609 altas del padrón, mientras que en 2021, cuando se facilitó el empadronamiento a okupas, fueron 8.431 y en 2022 alcanzaron las 10.315. Y en lo que va de año ya son 8.603 y hay otros 700 expedientes en trámite. 

La medida parece oportuna porque son los servicios sociales y las instituciones públicas los que deben dar solución al problema de vivienda que padecen las personas sin recursos y empadronarlas, si procede, bajo la tutela del consistorio. La normalización de esta inscripción en casas ajenas de forma automática eludía los controles públicos y legales que proceden en estas okupaciones, muchas por necesidad pero también otras bajo el amparo de mafias, cuya finalidad no es el bienestar de estas personas.

Franquistas en acción

Un grupo de militares franquistas retirados de la AME (Asociación de Militares Españoles, que promovió un manifiesto que justificaba el alzamiento militar del 18 de julio de 1936) publicó ayer un comunicado para denunciar “la ausencia de justicia, igualdad y democracia en España”. En su escrito exigen “la destitución del presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones generales”. Una pataleta más de sectores retrógrados que nunca aceptaron de buen grado la democracia tras la muerte del dictador Francisco Franco