Cinco años de bloqueo judicial

Cinco años de parálisis. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumplió ayer, 4 de diciembre, 1.826 días con el mandato caducado, una anomalía democrática intolerable. La falta de entendimiento entre PP y PSOE ha derivado en una crisis sin precedentes en el órgano de gobierno de los jueces. Este órgano tiene como principales competencias velar por la garantía de la independencia de los jueces y magistrados frente a los demás poderes del Estado y elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, del Supremo, de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales. Cinco años en los que el bloqueo del Partido Popular ha impedido adecuar la composición del órgano de gobierno de los jueces a la realidad parlamentaria, tal y como establece la Carta Magna. No es una estrategia nueva. La estrenó José María Aznar, entre 1995 y 1996; le siguió Mariano Rajoy, entre 2006 y 2008; y la han exprimido al máximo, primero Pablo Casado y, después, Alberto Núñez Feijóo. Y gracias a esa sucesión de bloqueos el PP se ha garantizado un dominio conservador en el órgano que decide los principales ascensos en la carrera judicial en 22 de los últimos 27 años. El PP propone como solución que sean los jueces los que designen a los magistrados del Estado, lo que dada la endogamia que ha caracterizado la carrera judicial ofrece pocas garantías de que fueran a representar la pluralidad política que toda sociedad democrática requiere. El PP siempre ha utilizado esta pata del estado de derecho para intentar frenar, cambiar o combatir los avances que la sociedad reclama y vota cada cuatro años a través de las elecciones, y mucho nos tememos que intentará paralizar cualquier acuerdo legal y constitucional que el gobierno pacte con los partidos que le han apoyado la investidura. Por suerte, no estamos en los años 70 y Europa, por mucho que domine la opción conservadora, tiene una trayectoria democrática ajustada a derecho más solvente que la todavía hipotecada democracia española, y tarde o temprano deberá actuar ante la anomalía jurídica de uno de sus estados miembros.EstorninosLa plaga de estorninos que están sufriendo varias ciudades, especialmente Mollerussa, en Lleida, debe tener una respuesta contundente por parte de los ayuntamientos. Y esta actuación urgente y necesaria ha de primar ante todo la salud pública y el bienestar de los vecinos, por encima de cualquier otra consideración medioambiental sobre estos animales. La insalubridad en la que viven las personas que tienen sus casas próximas a lugares en cuyos árboles anidan no es tolerable bajo ningún concepto y hay que actuar de forma inmediata