Tasas y servicios básicos con justicia social

El año 2024 comienza con un encarecimiento del recibo de la luz al pasar el IVA del 5% al 10%, mientras que en el del gas este impuesto también sufrirá este aumento a lo largo del primer trimestre, y a partir de abril otro mucho mayor, ya que volverá al 21% que tenía antes de la crisis energética. Además, la factura de la electricidad se incrementará más de este 5% adicional porque también se revisan al alza otros dos gravámenes que están incluidos en ella. Se trata de los precios de dos suministros básicos, por lo que afectarán al conjunto de los ciudadanos. Muchos de ellos también notarán en su bolsillo el efecto de la subida de diversas tasas aprobada por los ayuntamientos. Y es que después de cuatro años en los que buena parte de los impuestos locales han permanecido congelados, primero para paliar los efectos económicos de la Covid, y posteriormente porque antes de unas elecciones siempre resulta impopular retocarlos al alza, ahora hay numerosos gobiernos municipales que han decidido que era el momento de hacerlo, entre otros motivos porque en caso contrario no dispondrían de los ingresos necesarios para prestar los servicios públicos que gestionan al haberse disparado los costes. El aumento más generalizado es el de la tasa por la recogida de basura, que con toda probabilidad va a repetirse en el próximo ejercicio, porque la ley de Residuos obliga a que lo recaudado por esta vía financie el 100% del coste de este servicio. Resulta relativamente habitual que responsables de las administraciones o de las compañías de la electricidad o del gas argumenten que el incremento de estos recibos representa unos pocos euros a la semana o al mes. En algún caso, si se considerara de forma totalmente aislada, habría que darles la razón, pero hay que analizarlo teniendo en cuenta, por un lado, el conjunto de todas las subidas y otros elementos como el impacto de la inflación y, por el otro, la evolución de los ingresos de los que disponen los ciudadanos. Es cierto que el año 2023 acabó con una mejor situación económica que la que se pronosticaba hace algunos meses. Sin embargo, son muchas las familias que tienen dificultades para llegar a final de mes o ni siquiera lo consiguen. Solo hay que recordar que hace unas semanas los responsables de Cáritas señalaron que uno de cada 3 niños de las comarcas de Lleida se encuentra en riesgo de pobreza y de exclusión social. Por eso, las administraciones deben adoptar disposiciones para intentar vincular las tasas a la capacidad económica del contribuyente. Por ejemplo, la de la basura tiene el mismo importe para todos los vecinos en muchos municipios y comarcas, independientemente de su renta o de que residan en una mansión o en un piso muy antiguo. Y en los servicios básicos, hay que garantizar precios más ajustados y facilidades de pago para las personas con menos recursos. Son simplemente medidas de justicia social.