Síntomas de agotamiento

España sigue sin gobierno. Veremos si esta semana el presidente en funciones consigue ser investido y podemos tener ejecutivo antes del mes de agosto. Mientras, a pesar de que el crecimiento sigue siendo positivo y en tasas algo mayores que las de nuestros socios, muchos indicadores empiezan a ofrecer síntomas de agotamiento. Como ha señalado esta semana el FMI y en los últimos días otros organismos como la OCDE o la CEOE o el servicio de estudios del BBVA, el problema no es que llevemos unos meses sin gobierno, es que llevamos desde 2015 sin afrontar reformas de calado que reduzcan los desequilibrios y reduzcan la vulnerabilidad de la economía española. En este sentido, se apuntan reformas en el mercado laboral para acabar con la dualidad y otras que impulsen la competitividad y la productividad, una de las asignaturas pendientes.

Puede que esta semana tengamos investidura y gobierno. Sin embargo, el peligro es que ese futuro gobierno estará apoyado por una amalgama de partidos, casi todos de extrema izquierda, que dudo mucho de que vayan a afrontar en positivo toda la batería de medidas que España necesita. La economía no demanda, precisamente, que se deroguen los aspectos más relevantes de la reforma laboral, ni otra subida del SMI, ni que suban los impuestos o se siga gastando en distintas subvenciones o rentas básicas o mínimas.

El gasto público ha subido en los últimos meses en más de 8.000 millones de euros y la deuda pública ha seguido subiendo y ya supone unos 25.000 euros por cabeza. Se dice desde el gobierno en funciones que se pondrán nuevos impuestos y se subirán otros, pero ya hasta la Comisión Europea confirmó que la recaudación no será la que el gobierno previó. De hecho, los ingresos por impuestos directos están cayendo y aún cuando está aumentando la recaudación por cotizaciones, el agujero de la Seguridad Social es de cerca de 16.000 millones de euros. En los próximos días, veremos si hay gobierno y cuál es su programa. Pero, mucho me temo que no va a ser precisamente el que demanda la economía ni los organismos nacionales e internacionales.