CARTA | El derecho a poder vivir con tranquilidad

SR. DIRECTOR:

Estas últimas semanas se han publicado diferentes declaraciones tanto por parte de l’Agència Catalana de l’Habitatge, la Paeria y la Síndic de Greuges, como por otra parte de la PAH, en relación al edificio de Manuel Carrasco Formiguera, 18, de Lleida.

Los inquilinos arrendados en este edificio llevamos mucho tiempo solicitando, tanto a su propietario como a diferentes estamentos, una solución al problema de la okupación, inseguridad, insalubridad e incivismo. Hoy, después de respetar los tiempos para no entorpecer la labor de quienes debían tomar cartas en el asunto, y ante la barbaridad de lo que hemos podido leer, creemos que ha llegado el momento de que pueda escucharse públicamente la voz de quienes padecemos esta situación. Los inquilinos de este edificio accedimos al mismo tras presentar una solicitud de alquiler de vivienda social a través de la EMU (Empresa Municipal de Urbanismo) tras el reconocimiento de vulnerabilidad social. Los primeros años hemos vivido en armonía en un edificio limpio y ordenado, pero desde hace unos años la situación es desesperante. Han accedido a estas personas sin contrato rompiendo la puerta de entrada al edificio, reventando la puerta de acceso a contadores de la luz para engancharse a la red de los vecinos, donde uno de ellos recibió una factura de casi 400 euros (cuando tenemos alquiler social por nuestra vulnerabilidad) y, entre otras cosas, han cortado el agua en innumerables ocasiones a todo el edificio para llenar garrafas de los depósitos encharcando parte del hall, afectando a las paredes y quedando estas marcadas por la humedad. El ascensor, en ocasiones de forma continua, ha estado “averiado”, impidiendo que algunas personas puedan salir de sus casas, y hay perros que se han orinado en él. Durante la pandemia, no se ha cumplido ninguna medida de seguridad, no se ha respetado acceder a él por unidad familiar y, cuando han entrado sin mascarilla y se les ha pedido que se la pusieran, ha habido una respuesta violenta, provocando que personas mayores se vieran obligadas a bajarse. Hay temporadas que hay un fuerte olor a marihuana y movimiento de personas que no sabemos quiénes son. No tenemos llave de la puerta de entrada, por tanto, no podemos limitar el acceso. Además, hay okupas que han “vendido” pisos a okupas. ¿Cómo puede alguien vender algo de lo que no es propietario? O sea, un edificio destinado al alquiler social es controlado por quienes han entrado a él ilegalmente sacando rendimiento económico de algo que no les pertenece, y a la vez se aprovechan de los que pagan rigurosamente por unos servicios que en ocasiones no tienen.

Ante estos hechos, solicitamos ayuda tanto a la propiedad como a la EMU y a todo cargo público que consideramos podría hacerlo. En octubre de 2020, la Agència Catalana de l’Habitatge y la propietaria del edificio llegaron a un acuerdo por el que la primera gestionaría el mismo. Los vecinos consideramos que esto nos iba a permitir recuperar la tranquilidad y la convivencia. Pero el tiempo transcurría y, a pesar de nuestra insistencia por escrito en solicitar una solución, de algunos estamentos no obtuvimos ninguna respuesta; otros nos decían que no nos podían informar pero que estaban trabajando, y de otros recibimos la información que entendían que nos podían comunicar. En este sentido, debemos de agradecer y agradecemos a esas personas con cargos de responsabilidad que nos han ofrecido en todo momento su apoyo. En la actualidad, las sentencias judiciales han determinado que con las pruebas aportadas estas personas deben abandonar el edificio. Y cuando creíamos que todo estaba solucionado, aparece la PAH hablando de la vulnerabilidad de estas personas. ¿Dónde estaba la PAH para proteger y defender los derechos de los que estamos arrendados y de todos aquellos que al no poder soportar esta situación se han visto obligados a abandonar su alquiler después de procesos de selección? ¿Qué defensa ha hecho la PAH de estas personas que ahora se vuelven a ver en la calle buscando un hogar porque otras han infringido la propia Ley avasallando sus derechos? ¿Qué es lo que defiende realmente la PAH? Hemos intentado por todos los medios evitar situaciones de conflicto. Hemos pedido ayuda a quienes se la debíamos pedir y ahora solo pedimos que se produzcan los desalojos lo antes posible y poder vivir en tranquilidad, porque ese es también nuestro derecho.