Estabilidad parlamentaria y firmeza constitucional

La actualidad política tiene tres escenarios. La pasada semana, el Gobierno logró aprobar los PGE para 2017 por la mínima (176 votos) con el apoyo de Cs, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias, que se suman a los 137 del Partido Popular. En el anterior trámite parlamentario el Gobierno pudo rechazar las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos presentadas por PSOE, Podemos y los independentistas porque empató. Para aprobar los PGE faltaba un diputado, el de Nueva Canarias. En ambos casos, el escaño del PP de Lleida fue decisivo con un valor doble, porque se lo quitamos al PSOE.

Es una victoria muy importante para Mariano Rajoy, que se asegura la estabilidad parlamentaria no solo para este año, porque es de esperar que los grupos que han apoyado las cuentas de este año, apoyen el techo de gasto y, a la vuelta del verano, los PGE de 2018 que, en el peor de los casos, podrían prorrogarse hasta 2019.

Es cierto que no ha sido fácil porque se han desviado 11.500 millones de euros para satisfacer las demandas de los grupos que han apoyado las cuentas, pero el coste de que no se hubieran aprobado los PGE hubiera sido mucho mayor, porque implicaba una repetición electoral.

A los aguafiestas, que no faltan, cabría recordarles varias reflexiones. Si se hubiera respetado el resultado de las Elecciones Generales del 20-D del 2015 y hubiera gobernado, como siempre, el que las había ganado, no hubiéramos alcanzado la repetición de elecciones y los costes de todo tipo que ha comportado. El PSOE lo hubiera podido evitar. A los que van a Madrid a desconectar, votan en contra de los PGE y tienen la desfachatez de reclamar inversiones territoriales, se les puede exigir la misma responsabilidad que a otros grupos que, además de representar los intereses territoriales, saben supeditarlos al interés general que también es el propio.

El caso es que el Gobierno puede seguir aplicando su programa económico y sus objetivos principales, que son la creación de empleo y las políticas sociales, con excelentes resultados como atestiguan las cifras del mes de mayo, con 223.192 afiliados más a la Seguridad Social, un nivel no alcanzado desde 2008 que reduce el paro al 18,75% y que aproxima a que el Presidente Rajoy consiga el objetivo tan reiterado del 20-20. Veinte millones de empleos para el 2020, lo que pone de muy mal humor a los sindicatos y a la oposición; todo lo contrario que a la UE, que ha convertido a España en un ejemplo de referencia.

Por otro lado, por el de la economía, el Gobierno de Mariano Rajoy ha resistido el embate de una oposición embravecida y furiosa que no sabe cómo hincarle el diente. Es cierto que la victoria de Pedro Sánchez no ha sido una buena noticia, pero el poder modera actitudes. Volveremos a ver bandera española en los mítines del PSOE, lo de nación de naciones ha sido un espejismo cultural y las alianzas con Podemos parece que han escarmentado al nuevo líder socialista, que bastante trabajo va a tener con sosegar al grupo parlamentario del Congreso.

La moción de censura presentada para el próximo martes 13 de junio a las 9.00 horas va a tener como protagonista a Pablo Iglesias, que no va a tener mucha compañía más allá de los rufianes de turno y Bildu, que no son precisamente los mejores avales para un candidato a la Presidencia del Gobierno, que es el objeto de una moción de censura sin votos ni apoyos más allá de algún número circense que hará más entretenida la sesión.

El tercer frente no es otro, aunque sea el más importante, que el catalán, donde Puigdemont y sus adláteres seguramente para anticipar sus onerosos retiros siguen deparándonos jornadas de gloria que parecen encomendadas a alcanzarlos, los retiros. El último, el dictamen solicitado a la Comisión de Venecia.

El tercer escenario es el catalán, donde Puigdemont parece empecinado en anticipar el dorado retiro que sin duda persigue. Porque era de prever que la Comisión de Venecia le contestara que los referéndums deben cumplir con la legislación vigente del Estado, que es precisamente lo que una y otra vez reitera el Presidente Rajoy, al que nadie le puede pedir que autorice un referéndum para que los ciudadanos decidan si se cumple o no la Ley.

Esta es la fuerza que Rajoy utilizará. La fuerza del Estado de Derecho ante un Govern que utiliza el derecho de la fuerza violando leyes y sentencias y amenazando y coaccionando a los que no queremos separarnos y que promueve un procés que se está convirtiendo en un esperpento. Dividido entre unilaterales y bilaterales, sin respaldo internacional, nacional y legal y fracasado el reto plebiscitario que apenas fue respaldado por el 36% de los catalanes y a las órdenes de la CUP, que fue la que puso a Puigdemont.