¿Y ahora qué pueden hacer los accionistas del Banco Popular?

Desde el pasado 7 de junio el Banco de Santander es propietario del Banco Popular y, por tanto, también de todas sus acciones. La compra se hizo por 1

euro. La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, dijo que en ningún caso piensa compensar a los accionistas que han perdido sus ahorros, señalando como única vía posible la presentación de demandas judiciales.

La OCU ha solicitado al Banco de España y al Ministerio de Economía que se arbitre una vía extrajudicial para garantizar y defender los intereses de los miles de accionistas que se han visto perjudicados económicamente con dicha operación. No obstante, el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) ha descartado dicha posibilidad. El 68,574% del capital del Banco Popular estaba en manos de pequeños accionistas, a los que la única posibilidad que se les abre para recuperar su dinero es la judicial. Aproximadamente los afectados son unas 250.000 personas, de los cuales 167.000 eran pequeños inversores que tenían depositadas en acciones un máximo de 1.000 euros.

En junio de 2016 el Banco Popular hizo una ampliación de capital de 2.500 millones de euros, suscribiéndola muchos pequeños accionistas. Según se ha descubierto ahora, la oferta de dichas acciones se efectuó haciendo públicas cuentas incorrectas que enmascaraban la realidad.

A los accionistas perjudicados se les abre la posibilidad de interponer demandas por la vía civil en tanto que se podría argumentar la nulidad de la adquisición de las acciones, por vicio en el consentimiento o error, puesto que se ocultó la delicada situación económica que atravesaba la entidad. Las demandas tendrían que interponerse contra el Banco de Santander, actual propietario del Banco Popular. El plazo más restrictivo para demandar finaliza en mayo de 2019.

Algunos especialistas han informado de que también podría ser fraudulenta la venta de acciones que se efectuó por la ampliación de capital que tuvo lugar en el año 2012.

Muchas demandas también podrán dirigirse contra el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por haber hecho dejación en sus responsabilidades de supervisión. Además, queda abierta la posibilidad de depurar las responsabilidades penales en que hayan podido incurrir antiguos directivos de la entidad bancaria. La OCU y otras organizaciones de consumidores ya han anunciado la interposición de querellas criminales por dicho motivo.

Visto el panorama actual, y en el caso que usted sea un accionista afectado por dicha situación, le recomendamos que acuda a un abogado especialista que pueda asesorarle y defender sus derechos.