Se acabó la juerga

Cientos –quizá hoy ya pasan del millar– de empresas marchándose, los dos recaudadores del movimiento entre rejas, el señor Trapero sin pasaporte y medio Govern preguntándose por qué y para qué se metió en esto e hipotecó su carrera profesional, credibilidad y patrimonio con un individuo que no supo ver algo tan obvio como que los tanques –esos tanques que iban a desfilar por la Diagonal de Barcelona– llevaban allí décadas y eran las sedes de La Caixa y el Banc de Sabadell. No ha habido que hacer nada más que atender las demandas de los empresarios y aprobar un simple decreto para que las empresas, una tras otra, empezasen a recoger los muebles y a abandonar una Catalunya que Puigdemont y sus adláteres van camino de convertir en un erial. Que nadie se engañe: las empresas cambian hoy de domicilio fiscal, pero mañana dejarán de invertir en esta tierra en la que vivimos y, pasado, si todo sigue como hasta ahora, acabarán cerrando sus plantas. No hay que ser un experto en economía para verlo: hoy, cualquier planta industrial en la que no se invierte lo debido queda obsoleta en menos de cinco años. De momento, en Seat ya han anunciado que posponen la elección del nombre de su nuevo SUV. Veremos si al final se fabrica o no en Martorell. Mientras, los independentistas de a pie siguen a lo suyo. Da igual que Theresa May asegure que jamás reconocerá una autoproclamada e imposible República Catalana Independiente, que Donald Trump afirmase –hace un mes– que la independencia de Catalunya es una locura o que Manuel Valls, Sigmar Gabriel, Antonio Tajani, Jean-Claude

Juncker

, Emmanuel Macron y hasta el mejicano Peña Nieto hayan afirmado cosas parecidas. La primera semana de octubre era la actuación de la Policía y la Guardia Civil lo que iba a activar una intervención internacional y esta semana, el desencadenante se supone que será el encarcelamiento de dos individuos a quienes algunos comparan con Mandela pero son capaces de hacerse fotos con Otegi. La independencia llegará sí o sí y un día es por la vía eslovena, al día siguiente por la vía kosovar y, al otro, por la carretera de Corbins. No estaría de más que alguien explicase a todos los que aún participan en las manifestaciones –cada día menos, porque de los 45.000 en Lleida el día 3 se ha pasado a menos de 20.000 el día 17– que Eslovenia llegó a la independencia tras una guerra de diez días en la que murieron cerca de 100 personas y que en Kosovo se produjo una de las mayores carnicerías de la segunda mitad del siglo XX. La juerga se ha acabado y la revolució dels somriures es ahora en algo parecido a un manicomio en el que los residentes se dan la razón unos a otros mientras esperan la llegada de un improbable nosesabequién para dirigir una mediación imposible –España, que en su día no negoció con terroristas, no va a negociar ahora con quien intenta chantajear al Estado– que jamás se dará. En nuestros colegios, se compara a Cuixart y Sànchez con Gandhi ante niños de nueve años perplejos y en los institutos se engaña a nuestros adolescentes para que participen en manifestaciones que se supone son en favor de la paz y acaban delante de la Paeria pidiendo la dimisión del Alcalde o ante la Subdelegación del Gobierno insultando a la Policía Nacional y la Guardia Civil. Esa mayoría silenciosa de la que formo parte y ya no calla exige desalojar a un Govern que ha usurpado las instituciones y gobierna sólo para unos pocos. Ese desalojo llegará, que nadie lo dude; porque el partido ha terminado ya y Puigdemont sólo tiene dos opciones para salir del estadio en el que la Democracia le ha derrotado por cinco a cero. O se va él, o le sacamos nosotros. Y lo haremos con la Ley en la mano y los poderes que nosotros mismos –todos los españoles– nos otorgamos en 1978 cuando aprobamos la Constitución en un referéndum legal en el que la cordura y la sensatez ganaron a la ignominia y la involución.