Los hechos producen consecuencias

Se veía venir. Desde los aciagos 6 y 7 de septiembre en los que el Govern y una parte del Parlament se cargaron la Constitución y el Estatut, la situación se hizo insostenible. El caótico referéndum ilegal cuyos tramposos resultados se utilizaron como base para la DUI agravó la situación y el victimismo soberanista puso en marcha la ruptura violenta de la legalidad para provocar la reacción y aprovecharla. El expresident Puigdemont pudo evitar el 155 y convocar elecciones, pero sucumbió a las exigencias de la CUP, que es quien le puso tras el célebre desempate y ha dirigido este desdichado prucés.

Pero el tan denostado Artículo 155, otro asidero para el victimismo, no supone represión. Al contrario, es un instrumento de protección que figura en todas las Constituciones del mundo que permite preservar la unidad de España, el Estado de Derecho y la Democracia frente a quienes quieren destruirla con leyes inconstitucionales y separatistas. Su aplicación frena la política excluyente del separatismo respecto a una mayoría de catalanes que no queremos separarnos y respecto a una mayoría de españoles y europeos que quiere una Catalunya dentro de España y la UE.

Y la aplicación del 155 cierra un prucés plagado de mentiras que empezaron con el derecho a decidir, un eufemismo de la autodeterminación, y culminaron con la DUI. Un prucés que tomó impulso con el 3% que determinó la conversión al separatismo del Astut Mas y su Convergència ya amortizada. El Artículo 155 aminora también la hemorragia fugitiva de empresas, recupera la senyera como símbolo de todos y hace aflorar un sentimiento español hasta ahora replegado. Josep Pla decía que un catalán es un español al que le han dicho que es otra cosa y tenía razón: nunca se habían visto tantas banderas nacionales en la calle como cuando el soberanismo ha apretado el acelerador.

Las consecuencias que podrían haberse evitado, si esa apelación al diálogo no se hubiera limitado a un Referéndum ilegal y a una ruptura que la mayoría de catalanes no queremos, no son agradables: medio Govern en la cárcel y un expresident prófugo en Bruselas en manos de un defensor de etarras; pero todos los hechos tienen consecuencias y la Justicia tiene sus propios tiempos, se aplica a todos por igual y es lo que distingue a las democracias de los regímenes totalitarios. Y la prueba de ello es que el partido del Presidente del Gobierno tiene también dirigentes en la cárcel.

Ciertamente, los separatistas no creen en la independencia judicial que fulmina la Ley de Transitoriedad Jurídica, pero en España, nadie es encarcelado por sus ideas políticas, sino por vulnerar la Ley. Y no se puede llamar totalitario a un Estado que amnistía a individuos como Carles Sastre, el dirigente del sindicato que ayer convocó la huelga general y que participó en el comando que asesinó a Josep Maria Bultó. Sastre, conviene recordarlo, ha sido definido y homenajeado en TV3 como “patriota catalán” y fue protagonista destacado junto a Puigdemont de aquella vergonzante escenificación denominada Pacte Nacional pel Referèndum.

Tendremos Elecciones Autonómicas, serán las ¡cuartas en siete años! y, en ellas, se prefiguran el bloque constitucionalista de la España que ha recuperado el vigor y puede ganar si va a votar y, por otro lado, el bloque golpista del cuanto peor mejor que, si gana, ya no podrá conducirnos al abismo de la ruptura porque tendrá que acatar la legalidad. El Estado ha demostrado ya su capacidad para sofocar los intentos de sedición y el Artículo 155 sigue ahí. Y porque una Catalunya independiente es imposible; ni existe una mayoría de población que la apoye, ni hay reconocimiento internacional y financieramente es insostenible: a pesar de haber percibido Cataluña en seis años el 30% del FLA para pago de proveedores; la deuda está en 72.000 MEUR y las cuentas no salen: ¿Cómo se pagarían pensiones y desempleo? La mera posibilidad de una remota independencia ha provocado estampida de bancos, empresas y depósitos y en Catalunya es donde más ha crecido el paro en octubre. Y el Banco de España cifra el coste de la crisis catalana en una caída del 2,5% del PIB, unos 30.000 millones de euros, en dos años.

La estrategia del soberanismo ha sido la de generar conflicto para provocar inestabilidad política y económica. Los catalanes, más pronto que tarde, se percatarán de que les han engañado y votarán en contra de quienes lo han hecho. Pero el daño ya se ha producido y, por desgracia, lo vamos a pagar todos. Ahora bien, gane quien gane las elecciones, lo importante es restaurar la legalidad y la normalidad. Dentro de la Ley; se puede hablar de todo, pero no podemos permitir que el populismo identitario nos lleve a la ruina como hace 80 años. No es hora de boicots ni de venganzas, porque todos los esfuerzos serán pocos para la reconciliación entre los catalanes aquí y con el resto de españoles y europeos.