Turquía, una frágil economía ante una cita electoral

Recep Tayyip Erdogan sorprendió a todos al convocar anticipadamente para el 24 de junio unas elecciones presidenciales y legislativas que estaban previstas para noviembre de 2019. Las razones son tanto políticas como económicas.

Erdogan pretendía capitalizar el fervor nacionalista desatado tras el éxito de su intervención militar en Siria para desalojar a las fuerzas kurdas que ocupaban Afrin y aspira, tras 16 años en el poder, lograr otro mandato de cinco años que le permita superar el período liderado por Mustafa Kemal Ataturk (1923-1938). Sueña presidir los actos conmemorativos del centenario de la Turquía moderna fundada por aquél en octubre de 2023. La votación del 24 de junio tendrá lugar continuando vigente un estado de emergencia que fue prolongado el 18 de abril, por séptima vez desde el golpe de estado de 15 de julio de 2016. Desde entonces, el régimen impulsó una deriva autoritaria y populista y, en caso de reelección, Erdogan disfrutará de una acumulación de poderes aprobada por un escaso 51,4% de los votos emitidos en el referéndum del 16 de abril de 2017. Se abrirá una etapa con un régimen presidencial fuerte que dejará atrás nueve décadas de tradición parlamentaria.

Pero la principal razón del adelanto electoral es el deterioro financiero sufrido desde principios de año. La 17ª economía mundial, entre las más dinámicas del G20, iba viento en popa. El PIB creció hasta un 7,4% en 2017 tras hacerlo un 3,3% en 2016. Un crecimiento impulsado por una sólida demanda interna y una creciente inversión privada, facilitada por la bajada de impuestos y un fácil acceso al crédito, a su vez, volvió el turismo internacional. El Gobierno también invirtió en grandes infraestructuras; más autopistas, el puente Yavuz Sultan Selim sobre el Bósforo, el nuevo y colosal aeropuerto de Estambul, a punto de abrirse, etc. Un gran caudal inversor que disparó los déficits públicos y el endeudamiento en dólares de las dinámicas empresas turcas y de sus bancos prestatarios.

Turquía es una de las economías emergentes más afectadas por los cambios de la política monetaria de EEUU con unas subidas de los tipos de interés por parte del FED que refuerzan la cotización del dólar frente a las demás divisas y atraen a capitales procedentes de algunos países emergentes. El sobrecalentamiento de la economía y el deterioro del cuadro macroeconómico, con una inflación del 12,5% en mayo, hizo saltar las alarmas. El Banco Central subió el 7 de junio los tipos de interés hasta el 17,75% para frenar un proceso inflacionista y una subida de los precios que afecta a los ciudadanos. También la lira turca cayó más del 20% frente al dólar desde enero. La subida de los precios del petróleo disparó la factura energética en dólares, que representa un tercio de sus importaciones y las inversiones extranjeras directas se frenaron al reducirse desde 13.300 millones en 2016 a 10.880 millones en 2017.

Las agencias de calificación internacional, como Fitch y Standard & Poor’s, avisaron sobre la vulnerabilidad de unos sectores financieros y empresariales excesivamente endeudados y, aunque Turquía está hoy mejor preparada que cuando afrontó la dura crisis financiera de 2001, aquellos sectores se ven obligados a reestructurarse y a pagar más para devolver su deuda en dólares. Los mercados recelan sobre la plena independencia de un Banco Central tal vez presionado por un Erdogan que, ante la cita electoral, incluso repartió bonos a 12 millones de pensionistas e insiste en la construcción de otro megaproyecto canal del Bósforo de 45 km que conectaría el mar Negro y el mar de Mármara. Pero más allá de las turbulencias financieras, persisten riesgos políticos que retraen a los inversores. La deriva autoritaria y la creciente islamización del país, le alejan de la UE y le acercan a Rusia y a Asia. La construcción de una mezquita en el corazón de Estambul, que encarnó los principales hechos históricos del país, es un aviso para navegantes. Turquía es miembro de la OTAN pero adquirió 400 misiles rusos para su sistema de defensa y Rosatom construye una central con cuatro reactores nucleares con un coste de 20.000 millones que se abrirá en 2023. Turquía, que firmó un acuerdo de asociación en 1987, logró el status de candidata a la adhesión en 2004. Las relaciones económicas crecieron siendo la UE su primer socio comercial e inversor. Se abrieron las negociaciones de 14 de los 35 capítulos del previsto acuerdo de adhesión, pero solo se cerró uno y el resto sigue bloqueado desde el año 2016. Varios Estados, entre ellos Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, Austria, Grecia y Chipre, así como una parte significativa de la opinión pública, se oponen a una plena adhesión de Turquía. Ya no es vista como un socio “político” fiable, lo cual molestó la interferencia de Erdogan en algunos procesos electorales, mediante la organizada diáspora de seis millones de turcos acogidos dentro de la UE. En cambio, merece reconocer que Ankara cumplió el acuerdo firmado en marzo de 2016 para controlar el aluvión de emigrantes hacia Europa por las rutas del sureste. Las tensiones volvieron a aflorar durante la cumbre UE-Turquía celebrada el 26 de marzo en Varna (Bulgaria), convertida en un diálogo de sordos. La brecha política entre ambas partes sigue abriéndose. Y las elecciones del 24 de junio mostrarán cual es el actual nivel de apoyo interno al nuevo califa Erdogan.