Un referéndum legalmente imposible

Hace unos días el Institut d’Estudis de l’Autogovern (presidido por el exsecretario general de ERC Joan Ridao) le entregó al President de la Generalitat un informe jurídico sobre las supuestas vías legales para hacer un referéndum de independencia. Tres son los aspectos más destacables de un documento que aborda una temática de sobras conocida. El primero es que si el President encargó dicho informe para encontrar vías que permitan ahora hacer un referéndum de autodeterminación legal, ello implica admitir que el 9-N y el 1-O fueron ilegales porque se realizaron al margen del ordenamiento jurídico vigente. Y, por tanto, también aceptar que quienes utilizaron dinero público para llevarlos a cabo malversaron los caudales de todos los ciudadanos. El segundo es que las propuestas jurídicas del informe se realizan teniendo en cuenta documentos o realidades políticas y experiencias extranjeras no equiparables a la nuestra. Según el propio texto, para determinar el encaje legal del referéndum en España se han tenido en cuenta cuatro elementos. Uno, el informe político que ha realizado un órgano creado por el propio Gobierno autonómico (el Consell Acadèmic per a l’Acord de Claredat). Dos, la experiencia de Reino Unido, que surge de un tratado de unión entre Escocia e Inglaterra en 1707, carece de constitución escrita y la soberanía reside en el Parlamento británico. Tres, la experiencia canadiense, donde las provincias tienen competencia para realizar referéndums y, por tanto, el Gobierno federal no puede oponerse a su celebración. Y cuatro, las peticiones y acciones más destacables que han realizado los partidarios de la independencia frente al Estado. Como puede fácilmente apreciarse, y aunque todo lo anterior ocupa 27 de las 37 páginas del documento, son postulados que de nada sirven para sacar conclusiones jurídicas sobre la problemática que se pretende solucionar. Y el tercero es que las últimas diez páginas del informe se basan en afirmar que no hay ningún precepto en la Constitución española que se oponga de manera expresa a la celebración de un referéndum de autodeterminación y, por tanto, que con voluntad política del Gobierno y voluntad interpretativa del Tribunal Constitucional podrían encontrarse fórmulas para su realización en Cataluña. El problema es que lo anterior no es cierto, pues el Art. 2 de nuestra Carta Magna establece la “indisoluble unidad de la Nación española”, un principio de integridad territorial que impide la existencia de cualquier Ley o actuación gubernamental contraria a dicho postulado. Así pues, es indiferente si se transfieren las competencias ejecutivas a la Generalitat a través del Art. 150.2, si se convoca el referéndum por el Gobierno central utilizando el Art. 92 o si se reforma la Ley Orgánica. El contenido de la Constitución española puede cambiarse totalmente a través de los mecanismos democráticos de reforma que en ella se incorporan (Art. 167 y 168), pero mientras no se modifique el Art. 2 ningún gobierno (ni estatal ni autonómico) puede autorizar la celebración de un referéndum de autodeterminación (aunque sea consultivo) porque sería preguntar sobre algo que está expresamente prohibido en la Constitución como es la posible disolución de la nación española.En definitiva, el informe utiliza las experiencias internacionales de forma muy restringida (solo Canadá y Reino Unido, no diciendo nada de Kosovo, Eslovenia o Texas). Las que utiliza lo hace de manera sesgada (se olvida, por ejemplo, de que en el último referéndum canadiense los territorios de Quebec donde el voto contrario a la independencia fuera mayoritario podían decidir seguir perteneciendo a Canadá). Y directamente no dice verdad al afirmar que no existe precepto alguno en la Constitución española que se oponga de manera expresa a la celebración de un referéndum de autodeterminación. En suma, las ideas es necesario defenderlas con veracidad y rigor porque si no acaban siendo parte de un realismo mágico que en política siempre lleva a los pueblos por los senderos de la quimera hacia el desastre.